El Superior vasco decidirá sobre la anulación del polémico plan urbanístico de Mungia

El Tribunal Superior vasco decidirá sobre la anulación del proyecto de urbanización del  polémico plan urbanístico de Larrabizker, con el que pretende que medio centenar de vecinos abonen más de 2,1 millones de euros en cargas de urbanización para costear otro proyecto.  El juez que anuló la urbanización (por incrementar casi el doble los pagos y la falta de información pública) ha rechazado adoptar medidas, tras la petición de los afectados, y delega el caso en alto tribunal vasco.

Los vecinos afectados pidieron la ejecución provisional de la anulación de la urbanización con el fin de paralizar los expedientes jurídicos, como la recepción de la urbanización o las licencias de nuevas viviendas. Tomaron la decisión porque el Ayuntamiento de Mungia y los promotores de Larrabizker apelaron la anulación, pese a anunciar en la prensa que la sentencia no tenía efectos sobre el proyecto.

Este caso tiene abiertos tres frentes judiciales: el fallo sobre la legalidad del proyecto de urbanización sobre el que ahora deberá posicionarse el Tribunal Superior vasco, el cobro de tasas que el consistorio incrementó sin ninguna justificación y una instrucción judicial sobre cuatro parcelas concretas. Los dos primeros estaban en fase de indagación por el juzgado de lo contencioso administrativo 5 de Bilbao y el tercero, a cargo del juzgado número 2.

Como ha informado este blog, la polémica del plan de Larrabizker reside en que  los costes urbanísticos suponen una media de 42.000 euros por vecino, aunque en nueve casos se exigen pagos de 50.000 euros e incluso a alguno de ellos la cantidad se eleva a 112.000 euros. El asunto de fondo es que los vecinos defienden que sus viviendas están en un área ya catalogada desde hace 26 años como urbana (lo que les exime de cargas urbanísticas), frente al Ayuntamiento y los promotores de una nueva urbanización en los terrenos de al lado, que sostienen que deben pagar por las nuevas cargas.

Es una zona de casi 12 hectáreas de caseríos y chalés, en la que se empezó a edificar en los años 70. En los 80, el ayuntamiento ya clasificó estos suelos como urbanizables en las normas subsidiarias y la Diputación de Bizkaia publicó en el Boletín Oficial del territorio de 1996 la reclasificación del área como urbana, una catalogación que exime a ese suelo del pago por cargas urbanísticas.

Pero el Ayuntamiento de Mungia acometió en 2009 una modificación de las normas subsidiarias que afectan al barrio, que se publicó en el Boletín Oficial del 9 de abril de ese año. Aquí aparece una de las irregularidades, ya que en esa publicación no se hacía referencia alguna a ninguna carga urbanística. El hecho es que ya estaba diseñando una nueva urbanización en un suelo adyacente (otras 24 hectáreas, con 437 viviendas) con la idea de que, al ser urbanizable, los costes urbanísticos se repartieran entre la nueva superficie y la de las 59 parcelas de las edificaciones ya existentes.

La publicación incompleta de esa modificación se mantuvo inalterable durante cuatro años. En 2013, en el Boletín Oficial de Bizkaia del 8 de marzo, aparece un apartado de cargas de urbanización (ver artículo 36 del boletín), en el que se fija el pago del 11,50 de los costes, un dato que no estaba por ningún lado en 2009. El 88,50% sería abonado por la nueva urbanización. Pero esa cantidad se ha incrementado hasta un porcentaje del 19,14%, con lo que los 1,5 millones de cargas que aparecían en el proyecto inicial han subido hasta los 2,1 millones, incluidos los gastos generales y el IVA.

Los vecinos han llevado a los tribunales estas irregularidades. En marzo, el juzgado de lo contencioso administrativo 5 de Bilbao ordenó que siguiera la investigación sobre los polémicos cobros.  Y en septiembre del pasado año, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco adoptaba idéntica decisión sobre cuatro parcelas concretas.

El tercer frente judicial empezó a aclararse en mayo. El juzgado 5 de lo contencioso, en un fallo dictado el 6 de mayo, declaró nulo el proyecto de urbanización de Larrabizker. Argumentó que el incremento del cobro de las cargas (del 11% a casi un 20%) incumple las propias normas urbanística del municipio de Mungia. “Es contrario a una norma de superior rango, como son las normas subsidiarias de planeamiento y ha de considerarse nulo en tal aspecto, al rebasar el porcentaje máximo de participación”.

A ello añadía que el proyecto de urbanización carece del preceptivo trámite de información pública, una ausencia que es criticada duramente en el fallo. “No tiene potestad el Ayuntamiento para soslayar un requisito que es obligado por los principios democrático y de seguridad jurídica, así como para el derecho de la sociedad a intervenir activamente en el urbanismo de su municipio”. El juez imponía además al Consistorio de Mungia el pago de todas las cosas judiciales del caso.

El fallo de mayo se conoció pocos días después de que el Ayuntamiento enviara cartas a los 13 vecinos que mantienen el litigio para que abonen este mes cantidades que llegan a alcanzar los 80.000 euros.

El juez, sin embargo, no ha atendido las peticiones de los afectados de ejecutar la sentencia. En un auto dictado el 1 de septiembre, asegura que solo afectaría a “nuevos actos regidos por el Texto refundido anulado”, como serían las facturas de las cuotas de urbanización. Y delega el caso en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

El lío judicial sobre el proyecto de Larrabizker prosigue cuando las obras siguen sin freno y ya están terminadas 94 de las 437 viviendas proyectadas.

La Justicia no acaba de solucionar lo ocurrido con el polémico proyecto urbanístico de Larrabizker, con el que el Ayuntamiento quiere que medio centenar de vecinos que residen desde 50 años en sus casas paguen 2,1 millones de euros para sufragar una nueva urbanización adyacente. Tras declararse ilegal el proyecto de urbanización por casi duplicar las cargas y la falta de información pública, nada ha cambiado. Las obras siguen y esto se parece cada vez más a otros proyectos cuestionados en los tribunales: los promotores siguen con las obras hasta acabarlas y que luego, si se confirma la ilegalidad, alguien se atreva a tirar casi 300 viviendas con sus inquilinos.