Aia mantiene como secretario municipal a su exalcalde que autorizó el casoplón de 11 baños pendiente de derribo

El Ayuntamiento de Aia mantiene como secretario municipal al exalcalde que autorizó el polémico casoplón de 11 baños en Aia (Gipuzkoa) y que, tras la sentencia judicial de hace más de un año, es quien debe tramitar su derribo. Igor Iturain, quien fue alcalde en la localidad en representación del PNV desde 2003 a 2015, ocupa el cargo de secretario accidental desde hace casi cuatro años. La sentencia del Tribunal Superior vasco, del 17 de enero del pasado año, que ordenaba la demolición del palacete implica la actuación directa del secretario municipal de Aia. En concreto, en lo referido a que se debe tramitar un expediente sancionador urbanístico que afectaría tanto a los promotores como a los cargos (entre otros, él mismo como alcalde) y técnicos municipales que han intervenido.

Iturain ya fue imputado judicialmente en este caso en 2018. Entonces, un juzgado de Azpeitia le implicó junto a otras cuatro personas más: el arquitecto Gaizka Perosterena, el aparejador Mikel Iradi (ya fallecido) y dos miembros de la familia promotora del casoplón, Elisabeth Garrastazu y María Garrastazu. En el auto, la jueza se basó en los argumentos en los que se ha apoyado el Superior para ordenar el derribo. “La acción constructiva en el caso Amesti [el nombre del casoplón] no es de rehabilitación o reconstrucción sino de construcción de un edificio de nueva planta”. La jueza agregaba que “no es autorizable en suelo no urbanizable de especial protección”, como está clasificada el área donde se ubica el casoplón.

El ahora secretario municipal de Aia y los otros cuatro imputados tenían que haber declarado en marzo de 2019. Pero un flagrante error de la jueza, al no pedir la ampliación de la investigación judicial, anuló las declaraciones y dejó sin responsabilidad a los cinco implicados. La inacción judicial tuvo otra muestra más: la jueza apenas practicó ninguna diligencia en casi tres años. La única fue el auto con la toma de declaración.

Así, en noviembre de 2019, se anuló la toma de los testimonios, lo que luego llevó al archivo provisional de la investigación.

El pasado 23 de marzo el Boletín Oficial de Gipuzkoa publicó la convocatoria del puesto de secretario municipal para el Ayuntamiento de Aia. Las plazas de los secretarios municipales están reservadas en teoría solo para funcionarios con habilitación nacional. Son una figura clave en un ayuntamiento ya que son el garante del cumplimiento de la ley y la llave para evitar desmanes y corruptelas.

Sin embargo, en Euskadi, casi la mitad de las plazas de secretarios municipales en Euskadi siguen vacantes y están ocupadas por empleados interinos y, en algunos casos, incluso accidentales sin los mínimos conocimientos de Derecho.

Hay situaciones de trabajadores interinos que llevan en muchos casos 30 años en el puesto. “Quedan muy pocos funcionarios con habilitación nacional que cumplan los perfiles. Los que lo tienen, cuentan con su plaza y no se mueven”, señalan fuentes consultadas. Los ayuntamientos recurren entonces a secretarios accidentales, una solución pensada para situaciones puntuales y de escasa duración, pero que se convierten en puestos estructurales.

Una ley estatal de 2018 obliga a los ayuntamientos sin funcionario en sus secretarias a convocar el puesto, aunque es una práctica que no se ha venido cumpliendo en muchos casos. En los últimos años se ha ido corrigiendo y los consistorios publican la convocatoria de la plaza. Es lo que ha pasado en Aia y, como suele ser habitual, no se ha presentado nadie.

La consecuencia es que sigue como secretario municipal el exalcalde que autorizó el casoplón y llegó a ser imputado.

El litigio del palacete está ahora pendiente del Tribunal Supremo, que debe decidir sobre la contundente sentencia del Tribunal Superior vasco del pasado año. En ella se declaraban nulos hasta cuatro decretos y acuerdos del Ayuntamiento de Aia que autorizaron tanto la construcción como las obras de urbanización del casoplón en 2013, 2015 y 2017. La familia Garrastazu aprovechó un caserío en ruinas para ejecutar una nueva edificación en una ubicación diferente; la superficie se duplicó (567metros cuadrados frente a los 309 del antiguo caserío, y la a planta del palacete es 2,5 veces mayor:469 metros cuadrados frente a 183) y se asienta en un área rural de especial protección y en un corredor ecológico, donde habita una pareja de halcones peregrino. El proyecto tenía un informe contrario del Ararteko y de la Diputación de Gipuzkoa.

El Superior ordenó el derribo que debe tramitarse por el secretario municipal de Aia, quien debería decidir sobre la sanción a él mismo, ya que fue el alcalde que autorizó los permisos.