El Ayuntamiento de Aia «legaliza» los accesos al casoplón sin aportar informes técnicos

Sigue el esperpento en el caso del casoplón del municipio guipuzcoano de Aia,el palacete (11 habitaciones y 11 baños) construido por la familia de una concejal del PNV de Zarautz que incumple la ley de Suelo.  El Ayuntamiento de esa localidad ha «legalizado» las obras de acceso al chalé, que paralizó en agosto aunque estaban ya terminadas, sin aportar la documentación técnica que lo avale, sin datos del expediente sancionador que abrió a los promotores y sin facilitar ningún dato del expediente a los denunciantes, la Federación de Deportes Aéreos de Gipuzkoa. Esta asociación ha recibido del Ayuntamiento, a través de un e mail y por tanto sin una notificación formal, dos de los tres decretos tramitados sobre esta denuncia y ninguna documentación del caso. La ley de administraciones públicas de 1992 (nada menos que desde hace 24 años) obliga a notificar todas las actuaciones en una denuncia en un plazo de 10 días.

Como ha informado este blog, el Ararteko cuestionó la actuación de la familia Garrastazu, que en el alto de Talaimendi (el paraje donde se ubica) tenían un caserío en ruinas y en 2010 presentaron una licencia  de rehabilitación al ayuntamiento guipuzcoano de Aia (un municipio de 2.000 habitantes entre Orio y Zarautz) donde se ubican los terrenos. Pero apenas dos años después pidió otra licencia para erigir otra edificación, que duplica la superficie. Se ubica en en un área rural de especial protección y en un corredor ecológico, donde habita una pareja de halcones peregrino. La construcción del palacete es investigada por los tribunales en la vía penal y en la contencioso-administrativa.

El Ararteko subrayó que al tratarse de un suelo no urbanizable de especial protección “solo cabe autorizar las obras de reconstrucción de caseríos existentes” en casos excepcionales y la ley de suelo “no permite el cambio de ubicación”. La familia se ha escudado en que dispone de la licencia municipal y ha acusado al Ararteko de “extralimitarse en sus funciones”. Las irregularidades han llevado a crear la asociación SOS Talaimendi por un colectivo de practicantes del parapente que desde hace 25 años utilizan esta zona para despegue, vuelo y aterrizaje.

El pasado 19 de agosto, la Federación que agrupa a estos parapentistas presentó una denuncia ante el Ayuntamiento de Aia en el que revelaba nuevas irregularidades. Detectaron “un pavimentado de un camino de tierra y creación de espacios de aparcamiento”  sin ningún tipo de licencia con el agravante de que se trata de “un suelo no urbanizable de especial protección”, lo que significa una “infracción de carácter muy grave” de la ley vasca de Urbanismo.

Un informe técnico encargado por el Ayuntamiento a un arquitecto, firmado el 24 de agosto, concluyó que la urbanización ejecutada “no se corresponde con la información aportada” en la licencia de construcción del casoplón. Un decreto de la alcaldía de Aia, firmado el 26 de agosto, ordenó que, ante la existencia de una posible infracción urbanística en las actuaciones «ejecutadas sin la preceptiva licencia municipal», se paralicen las obras (aunque ya estuvieran finalizadas) y se abra un expediente sancionador a los promotores: la concejal de Urbanismo y Obras de Zarautz Maite Garrastazu y sus 10 hermanos.

La alcaldía firma otro decreto, el 20 de octubre, basado en el texto del informe del «técnico municipal», sin concretar quién es. El técnico señala que la documentación aportada por la familia Garrastazu, que también se desconoce, no es suficiente para «valorar si la modificación ejecutada [las obras de acceso al casoplón] es ilegalizable». Ante ello, la alcaldía decreta requerir a los promotores que, «junto a la solicitud de la licencia, presenten la documentación técnica suficiente».

Y llegamos al último decreto, fechado el pasado 23 de diciembre, en el que el Ayuntamiento de Aia  resuelve legalizar las obras solo con el condicionante de que se reduzcan las plazas del aparcamiento construido. De nuevo con la inclusión del texto del informe del «técnico municipal», sin aportar ninguna documentación técnica ni los informes presentados por la familia Garrastazu.

La Federación de Deportes Aéreos de Gipuzkoa ha presentado ya un recurso administrativo a este último decreto municipal, en el que considera que es «nulo de pleno derecho» al no hacer ninguna mención al expediente sancionador abierto, carecer de soporte jurídico y la falta de un proyecto de urbanización sujeto a publicación y alegaciones, al tratarse de un suelo de especial protección. Además, se refiere al ocultamiento de datos a los denunciantes sin ninguna notificación oficial ni aportación de los informes técnicos.

Hace ahora poco más de un año, el ayuntamiento de Aia abrió otro expediente sancionador a la familia Garrastazu por la construcción del palacete pero lo resolvió en dos meses decretando la legalidad de la nueva  edificación. Argumentó entonces, como más llamativo, que la  “atípica composición familiar de la familia Garrastazu por numerosa”  explica que haya 11 dormitorios. “Es excepcional y ante una situación excepcional se puede y debe haber una interpretación excepcional de la norma”. Añadía que la reconstrucción se ejecute en “un lugar diferente al del edificio original no es razón para considerarlo una nueva edificación”.

Esta vez ni siquiera ha resuelto el expediente sancionador abierto y «legaliza» las obras del acceso sin aportar documentación técnica que lo avale. El oscurantismo y la parcialidad siguen predominando en la actitud municipal que ha permitido rehabilitar un caserío que a simple vista se constataba su estado ruinoso y dos años después dio luz verde a la sospechosa petición de otra licencia para construir otra nueva edificación, a más de 200 metros de distancia, casi duplicando la superficie habitable y con un diseño más propio de un hotel. Un ayuntamiento que ya recibió en abril pasado un serio apercibimiento de la Fiscalía de Gipuzkoa, dentro de la investigación judicial del caso, al advertirle de un “delito de desobediencia” por negarse a facilitar el expediente urbanístico del casoplón, pedido casi un año antes tanto por la Ertzaintza como por los demandantes. Sus últimas actuaciones con el aval a los accesos al casoplón añaden más dudas y oscurantismo a un caso con continuas sombras.