La Fiscalía de Gipuzkoa investiga malversación de un ayuntamiento por beneficiar a una constructora

La Fiscalía de Gipuzkoa ha iniciado una investigación por posible malversación del Ayuntamiento de Aia: permutó un edificio municipal con una constructora sin informes técnicos económicos que valoraran la información y sin informar a la Diputación, como exige la ley. El coste que paga la constructora es irrisorio: 226.000 euros por un edificio de dos plantas construibles que será derribado para futuras viviendas. Es el segundo caso urbanístico bajo investigación judicial en este pequeño municipio (2.000 habitantes, situado en la costa guipuzcoana, entre Zarautz y Orio) después del casoplón (11 habitaciones y 11 baños) que incumple la ley según el Ararteko y en el que la intervención municipal arroja muchas dudas.

La investigación iniciada el pasado mes por la Fiscalía se centra en la sospechosa operación urbanística acometida en el municipio. Se trata de dos enajenaciones: la construcción de la nueva escuela y un supermercado para una cooperativa del pueblo y un edificio donde se ubicaba el supermercado, propiedad de esa cooperativa. La operación consiste en que una constructora, Murias, se encarga de edificar la nueva escuela y el supermercado y, a cambio, como pago, se le cede el otro edificio (construible de dos plantas) para su posterior derribo y edificación de viviendas.

La denuncia que investiga la Fiscalía, presentada el pasado 19 de enero por el grupo municipal de EH Bildu de Aia, localiza los hechos a principios de 2015, cuando el pleno del Ayuntamiento de Aia aprueba el proyecto para construir la escuela y el supermercado y la permuta. Pero sin que conste ningún proceso de adjudicación de la enajenación del edificio que se vende a la constructora ni una valoración técnica-económica del nuevo local construido para la escuela y el supermercado.

«En una reunión mantenida [en agosto pasado] en el Ayuntamiento de Aia con los ediles y funcionarios responsables de la gestión y administración municipal, solicitamos dicha valoración técnica y el secretario municipal nos comunicó que no existía dicha valoración»·, señala la denuncia. Posteriormente, el pasado 6 de octubre la alcaldesa de Aia, Nekane Arrizabalaga (PNV), aporta una valoración técnica pero sin firma ni datos de su procedencia. «Es un documento que falsea el valor para adaptarlo al negocio jurídico previamente acordado; sin que, a través de él, se pueda tener noción del verdadero valor del inmueble y por tanto de la cuantía de los daños patrimoniales derivados de semejante situación. Dicha situación comporta un inmejorable negocio a una empresa privada en detrimento del bien público, en este caso, municipal», agrega la demanda.

Tampoco consta que la operación se haya comunicado a la Diputación de Gipuzkoa, como establece el reglamento de bienes de las entidades locales de 1986, en su artículo 109: «Los bienes inmuebles patrimoniales no podrán enajenarse, gravarse ni permutarse sin autorización del órgano competente de la Comunidad Autónoma [en Euskadi son las diputaciones], cuando su valor exceda del 25 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto anual de la Corporación. No obstante, se dará cuenta al órgano competente de la Comunidad Autónoma de toda enajenación de bienes inmuebles que se produzca». En el expediente no consta ningún documento que acredite la oportunidad de la enajenación.

La única comunicación escrita del Ayuntamiento sobre este asunto es del pasado noviembre, cuando la alcaldesa responde a las preguntas formuladas casi tres meses antes por EH Bildu.  Sostiene que la valoración económica no la ha realizado ningún perito sino los «servicios jurídicos y económicos» del Consistorio.

En enero, el Ayuntamiento ha aprobado la licencia del derribo del edificio propiedad ahora de la constructora y los denunciantes, además de pedir el inicio de las diligencias por un delito de malversación, exigen a la Fiscalía que paralice «urgentemente la licencia de derribo» y determine su valor a cargo de un perito judicial.

La Fiscalía, en su decreto de inicio de la investigación, ha pedido al Ayuntamiento de Aia la copia completa del expediente administrativo de esta operación urbanística así como un informe escrito de valor del edificio enajenado y cómo se determinó dicho valor.

No parece nada transparente la actuación del Ayuntamiento de Aia en esta operación urbanística. Impulsa una permuta sin aportar la valoración económica de los dos inmuebles. Cuando se le piden aclaraciones, aporta un documento de valoración sin firma y con una cantidad claramente inferior al beneficio que va a obtener la constructora. Y todo ello sin el aval de la Diputación de Gipuzkoa, como exige la ley. Para un municipio de 2.000 habitantes, que la Justicia tenga su lupa en este caso y el del casoplón de 11 habitaciones y 11 baños es una triste tarjeta de presentación.