Cinco imputados (el ex alcalde, el arquitecto, el aparejador y los promotores) en el caso del casoplón de 11 baños de Gipuzkoa

Por vez primera desde que el caso está en los tribunales, ya existen imputados por las irregularidades en el casoplón de Aia, (Gipuzkoa), el palacete (11 habitacionesy 11 baños) construido por la familia de una concejal del PNV de Zarautz que incumple la ley de Suelo. Una jueza ve indicios de delito en las obras de urbanización del palacete y ha llamado a declarar como investigados (la nueva denominación jurídica de los imputados) a cinco personas: el ex alcalde de la localidad de Aia,el arquitecto y el aparejador municipales y dos miembros de la familia Garrastazu, los promotores del casoplón. 

Como ha informado este blog, el caso es investigado desde hace casi cuatro años en la vía penal (un tercer tribunal tiene abierta otra investigación en la vía contencioso-administrativa) por dos juzgados de Azpeitia. El juzgado número 1 abrió diligencias en 2015 por dos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio tras una denuncia de la Federación Guipuzcoana de los Deportes Aéreos, que desde hace más de 25 años utiliza el paraje donde se asienta el palacete para la práctica del parapente.

La demanda se resumía en que la familia de la concejal de Urbanismo y Obras enZarautz, Maite Garrastazu, aprovechó un caserío en ruinas para ejecutar unanueva edificación en una ubicación diferente; la superficie se duplicó (567metros cuadrados frente a los 309 del antiguo caserío, y la a planta delpalacete es 2,5 veces mayor: 469 metros cuadrados frente a 183) y se asienta enun área rural de especial protección y en un corredor ecológico, donde habitauna pareja de halcones peregrino. Todo ello con un informe contrario del Ararteko que ha concluido que, al tratarse de un suelo no urbanizable de especial protección, “solo cabe autorizar las obras de reconstrucción de caseríos existentes” en casos excepcionales y la ley de suelo “no permite el cambio de ubicación”.

Apenas un año después, en mayo de 2016, el juzgado de instrucción número 1 de Azpeitia decretó el archivo provisional del caso: no veía ni prevaricación ni delito contra la ordenación. Consideraba legal la licencia aunque, en su auto, pasaba por encima los dos elementos claves del caso: el cambio de ubicación del casoplón y que se trate de una nueva ubicación. El auto fue recurrido por los denunciantes ante la Audiencia de Gipuzkoa.

En una sentencia dictada el pasado 4 de julio por la Sección Tercera de la Audienciaguipuzcoana, se ratificó el archivo provisional al considerar que “no es una intervención constructiva de nueva planta” sino una “una intervención constructiva de sustitución”. El fallo no tuvo en cuenta los informes contrarios del Ararteko y la Diputación de Gipuzkoa a la construcción del casoplón en otro emplazamiento y cuestionó que la ley vasca de Urbanismo “permita únicamente el cambio de ubicación en el supuesto de reconstrucción por expropiación”.

Elcasoplón estaba investigado igualmente por el juzgado de instrucción número 2 de Azpeitia, que desde marzo de 2017 tiene abiertas diligencias por  irregularidades en las obras de urbanización de acceso al palacete, ya que se acometieron sin licencia municipal  como reconoció el propio ayuntamiento de Aia. El consistorio abrió un expediente sancionador en el verano de 2016 y lo resolvió en febrero de 2017 de manera rocambolesca: sin practicar ninguna prueba convirtió el expediente sancionador en una orden de ejecución, en la que, incumpliendo la ley vasca de Suelo, calificó el tipo de sanción y cambió al instructor del expediente,que era el secretario municipal, por… otro funcionario del ayuntamiento cercano de Getaria. En vez de recurrir a la Diputación de Gipuzkoa, como establece igualmente la ley vasca de Suelo.

El juzgado número 2 de Azpeitiano había practicado hasta ahora ninguna diligencia sobre las obras de urbanización y, de hecho, en un auto dictado el pasado 30 de agosto,quiso inhibirse del caso aduciendo que “se trataban de los mismos hechos” que lainstrucción de la edificación del casoplón. Sin embargo, recibió un fuerte tirón de orejas de la Fiscalía de Gipuzkoa, que reaccionó en solo cuatro días: en un escrito firmado el 4 de septiembre, lo rechazó. Argumentó que los dos juzgados no investigan los mismos hechos, ya que la instrucción del juzgado número 1 “versaba sobre la legalidad o no de la construcción del caserío” y la del juzgado número 2 “consiste en la ejecución de obras de urbanización realizadas en torno a dicho caserío”.

La titular del juzgado de instrucción número2 de Azpeitia, María de Blas, ha empezado a actuar. En un auto dictado el pasado 4 de diciembre, ha citado como imputados al entonces alcalde de Aia y ahora concejal en el municipio Igor Iturain (PNV), el arquitecto Gaizka Perosterena, el aparejador Mikel Iradi y dos miembros de la familia promotora del casoplón, Elisabeth Garrastazu y María Garrastazu. Ha fijado la toma de declaraciones de los cinco para el próximo 11 de marzo.

En su auto, incluye una valoración significativa de este caso al aludir a “la  posible relevancia penal de hechos relacionados, cuales son que la acción constructiva en el caso Amesti no es de rehabilitación o reconstrucción sino de construcción de un edificio de nueva planta”. Esta una de las claves del asunto. Agrega que una nueva edificación “no es autorizable en suelo no urbanizable de especial protección”, como está clasificada el área donde se ubica el casoplón.

Casi cuatro años después, tendrán que pasar por el juzgado los primeros imputados:desde el ex alcalde de Aia hasta los responsables de Urbanismo del Ayuntamiento e incluyendo a la familia promotora del casoplón. Que acometieran la urbanización sin licencia y que el ayuntamiento legalizara esta situación es otro indicativo de las irregularidades en este palacete. Y no es nada descartable que sirva para reactivar la investigación, ahora archivada provisionalmente, del elemento central: la construcción de una nueva edificación en una ubicación diferente y duplicando la superficie.