El súbito interés de la Ertzaintza en investigar el casoplón de Gipuzkoa

El caso del casoplón de Aia, el palacete (11 habitaciones y 11 baños) construido por la familia de una concejal del PNV de Zarautz que incumple la ley de Suelo según el Ararteko, interesa de nuevo a la Ertzaintza. Tras apenas realizar actuaciones cuando se denunció hace un año el caso, el área de Medio Ambiente de la Policía Autónoma ha mostrado un súbito empeño.

De hecho, ha pedido documentación sobre los dos aspectos esenciales del caso: que el casoplón se construyera a más del 200 metros del caserío en ruinas de la familia y la gran ampliación respecto al edificio antiguo. Casi duplica la superficie construida: 567 metros cuadrados frente a los 309 del antiguo caserío, y a planta del palacete es 2,5 veces mayor: 469 metros cuadrados frente a 183. Dos juzgados, por la vía penal y la contencioso-administrativo (los demandados son la concejal de Urbanismo y Obras de Zarautz Maite Garrastazu y sus 10 hermanos), investigan el caso desde el pasado año. El primero ha pedido el archivo provisional.

Como ha informado este blog, el Ararteko cuestionó la actuación de la familia Garrastazu, que en el alto de Talaimendi (el paraje donde se ubica) tenían un caserío en ruinas y en 2010 presentaron una licencia  de rehabilitación al ayuntamiento guipuzcoano de Aia (un municipio de 2.000 habitantes entre Orio y Zarautz) donde se ubican los terrenos. Pero apenas dos años después pidió otra licencia para erigir otra edificación, que duplica la superficie. Del caserío en ruinas no existe ningún proyecto de demolición en el expediente. El ayuntamiento de Aia aprobó la nueva licencia condicionada a la presentación, entre otras cuestiones, del proyecto de derribo del caserío, que nunca se ha tramitado. Tampoco existe una declaración de ruina previa, como establecen las normas urbanísticas de Aia. Además, se ubica en en un área rural de especial protección y en un corredor ecológico, donde habita una pareja de halcones peregrino.

El Ararteko subrayó que al tratarse de un suelo no urbanizable de especial protección “solo cabe autorizar las obras de reconstrucción de caseríos existentes” en casos excepcionales y la ley de suelo “no permite el cambio de ubicación”. “La posibilidad del cambio de ubicación está restringida única y exclusivamente a los caseríos demolidos por causa de expropiación forzosa”. Un argumento respaldado por la  Diputación de Gipuzkoa que concluyó, en mayo de 2015,  que la Ley del Suelo vasca prohíbe reconstruir caseríos aumentado la edificación y “es evidente que la estructura del edificio en construcción supera claramente el volumen del caserío anteriormente existente”. La familia se ha escudado en que dispone de la licencia municipal y ha acusado al Ararteko de “extralimitarse en sus funciones”.

Las irregularidades han llevado a crear la asociación SOS Talaimendi por un colectivo de practicantes del parapente que desde hace 25 años utilizan esta zona para despegue, vuelo y aterrizaje. Es una zona además frecuentada por montañeros y paseantes. La zona de vuelo está reconocida por la Diputación de Gipuzkoa, que lo prohíbe del 1 de febrero al 1 de junio por ser época de cría de una pareja de halcones peregrinos que anida en la zona.

Para lo que se supone que es profundizar en sus pesquisas, la sección de Medio Ambiente de la Ertzaintza baraja igualmente pedir un estudio geotécnico de los terrenos donde se ubica el palacete. Y es que los promotores han fundamentado la edificación en un lugar distinto al caserío ruinoso en un estudio geológico que alertaba de un “eventual riesgo de deslizamiento”. Un informe de una geóloga, realizado a instancias de los denunciantes (la Federación Guipuzcoana de los Deportes Aéreos), concluye que no hay datos de riesgo de inestabilidad. En cualquier caso, la ley vasca del Suelo solo permite nuevas edificaciones por causa mayor y justificadas en informes de administraciones superiores.

Sorprende el interés del equipo de la Ertzaintza, ubicado en la central de Erandio, tras casi un año de inacción. Dos agentes del área de Medio Ambiente se reunieron en septiembre del año pasado con los denunciantes para recibir toda la información del caso pero no consta ningún informe realizado. Hasta que este mes, tras difundirse en este blog, han vuelto a reclamar datos.

[pullquote]En pasividad no ha ido a la zaga la comisaría de la Ertzaintza en Zarautz, que tramitó en agosto del pasado año la denuncia[/pullquote]

En pasividad no ha ido a la zaga la comisaría de la Ertzaintza en Zarautz, que tramitó en agosto del pasado año la denuncia inicial de los parapentistas. Se ha limitado a realizar visitas de inspección de la zona, petición de informes a administraciones y del expediente urbanístico del palacete al Ayuntamiento de Aia. Un expediente que el consistorio se negó a aportar y sin que conste ningún reclamo posterior de la comisaría de Zarautz. Hasta que fue obligado por un tirón de orejas de la Fiscalía de Gipuzkoa que, el 12 de abril, apercibió al Ayuntamiento de Aia de un “delito de desobediencia” por negarse a facilitarlo. Tampoco el juzgado de Azpeitia que investiga un posible delito penal ha solicitado actuaciones a la Ertzaintza. No existe ningún informe concluyente de la Policía Autónoma, en sentido positivo o negativo, en las diligencias practicadas.

El repentino interés de la Ertzaintza llega, cuando en una de las dos vertientes judiciales del caso (la penal), se está dirimiendo el archivo del caso, que pasará a ser decidido por la Audiencia Provincial de Gipuzkoa. ¿Puede ser la búsqueda de justificaciones por parte de la Policía Autónoma de que ha investigado el caso cuando la (no) documentación presentada dice lo contrario? ¿O un cambio de actitud para hurgar en una construcción de más que dudosa legalidad? Lo veremos pronto. Pero si hay que apostar, me quedo con la primera hipótesis.