La larga demora de la Audiencia de Gipuzkoa en dictaminar sobre la legalidad del casoplón de Aia

17 meses lleva la Audiencia de Gipuzkoa para resolver los posibles delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio en la construcción del casoplón de Aia (Gipuzkoa), el palacete (11 habitaciones y 11 baños) construido por la familia de una concejal del PNV de Zarautz que incumple la ley de Suelo. Este caso es investigado por hasta tres tribunales diferentes pero llama la atención la demora de la Audiencia guipuzcoana, que debe fallar si la investigación penal debe continuar o ser archivada.

Como ya ha informado este blog, los imputados son la familia de la concejal en Zarautz, Maite Garrastazu: aprovecharon un caserío en ruinas pero ejecutaron una nueva edificación en una ubicación diferente; la superficie se duplicó (567 metros cuadrados frente a los 309 del antiguo caserío, y la a planta del palacete es 2,5 veces mayor: 469 metros cuadrados frente a 183) y se asienta en un área rural de especial protección y en un corredor ecológico, donde habita una pareja de halcones peregrino. Todo ello con un informe contrario del Ararteko que ha concluido que, al tratarse de un suelo no urbanizable de especial protección, “solo cabe autorizar las obras de reconstrucción de caseríos existentes” en casos excepcionales y la ley de suelo “no permite el cambio de ubicación”. Los demandados son la concejal de Urbanismo y Obras de Zarautz Maite Garrastazu y sus 10 hermanos.

La primera denuncia se interpuso en 2015, cuando la Federación Guipuzcoana de los Deportes Aéreos, que desde hace más de 25 años utiliza el paraje donde se asienta el palacete para la práctica del parapente, se encontró con los accesos cerrados. Presentaron una denuncia en la Ertzaintza y un juzgado de Azpeitia abrió diligencias penales por dos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio.

En mayo de 2016, el juzgado de instrucción número 1 de Azpeitia decretó el archivo provisional del caso: no veía ni  prevaricación ni delito contra la ordenación. Consideraba legal la licencia aunque, en su auto, pasaba  por encima los dos elementos claves del caso: el cambio de ubicación del casoplón y que se trate de una nueva ubicación. El auto fue recurrido por los denunciantes ante la Audiencia de Gipuzkoa.

El alto tribunal tiene desde julio de 2016 el caso entre sus manos pero no ha adoptado ninguna decisión (al menos no se ha comunicado oficialmente hasta hoy día) pese a que ha transcurrido ya casi año y medio. De hecho, ha incumplido la providencia dictada en julio de 2016 para investigar el casoplón, en la que afirmaba textualmente que no es necesaria «la celebración de vista, por lo que se señala para la votación y el fallo del recurso el día 03/10/2016». Es decir, hace ahora más de un año y un mes.

Esta parálisis ha frenado igualmente la investigación de un segundo tribunal, en el ámbito contencioso-administrativo. Desde finales de 2015 el juzgado 1 de San Sebastián indaga sobre la polémica edificación pero las diligencias están paralizadas hasta que se resuelva la investigación penal.

Y el tercer tribunal que realiza pesquisas sobre el casoplón es el juzgado de instrucción número 2 de Azpeitia, que abrió en marzo pasado una investigación en este caso por las obras de urbanización de acceso al palacete. Se indaga un posible delito contra el patrimonio. En esta investigación, los denunciados son dos hermanas de la familia Garrastazu (quienes pidieron las licencias de obras de acceso), la alcaldesa y el anterior alcalde así como el secretario, el arquitecto y el aparejador municipales, que han avalado con sus informes las obras del casoplón.

Estas obras de urbanización se acometieron sin licencia, lo que provocó la apertura en el verano de 2016 de un expediente sancionador por parte del Ayuntamiento de Aia. Tras medio año sin tener noticias, la resolución dictada en febrero de 2017 fue rocambolesca: sin practicar ninguna prueba convierte el expediente sancionador en una orden de ejecución, en la que, incumpliendo la ley vasca de Suelo, califica el tipo de sanción (cuando tenía que haberla hecho en agosto), y cambia al instructor del expediente, que era el secretario municipal, por… otro funcionario del ayuntamiento cercano de Getaria. En vez de recurrir a la Diputación de Gipuzkoa, como establece igualmente la ley vasca de Suelo.

Tiene difícil justificación que la Audiencia guipuzcoana demore durante año y medio su decisión en un asunto tan delicado e incumpla el plazo que se autoimpuso: adoptar la decisión para el 3 de octubre del pasado año. Cuando le llegó el caso, el casoplón aún estaba en obras y ahora está culminado, con sus promotores utilizándolo, y con urbanización y accesos acabados. La Justicia también debería ser juzgada cuando se dilata en sus decisiones y complica la resolución de problemas que se acrecientan con los retrasos.

Sobre todo cuando hablamos de un caso con un sinfín de sombras: cómo se pide un permiso para remodelar un caserío en ruinas en 2010, se modifica la licencia para ubicarlo 200 metros más allá en un área de especial protección y duplicando la superficie original, se acometen las obras de acceso sin licencia y todo ello con un sospechoso amparo municipal. No parece un asunto baladí para tamaña demora.