La juez amplía hasta septiembre la investigación del casoplón de 11 baños que ya tiene cinco imputados

Más novedades en el caso del casoplón de Aia, (Gipuzkoa), el palacete (11 habitaciones y 11 baños) construido por la familia de una concejal del PNV de Zarautz que incumple la ley de Suelo. El juzgado de Azpeitia que acordó las primeras imputaciones ha ampliado un año más la investigación judicial, que concluirá el próximo 3 de septiembre. Como informó este blog, el juzgado de instrucción número 2 de Azpeitia ha visto indicios de delito en las obras de urbanización del palacete y ha llamado a declarar como investigados (la nueva denominación jurídica de los imputados) a cinco personas: el ex alcalde de la localidad de Aia, el arquitecto y el aparejador municipales y dos miembros de la familia Garrastazu, los promotores del casoplón. 

Este caso está investigado por los tribunales desde hace casi cuatro años en la vía penal (un tercer tribunal tiene abierta otra investigación en la vía contencioso-administrativa) por dos juzgados de Azpeitia. El juzgado número 1 abrió diligencias en 2015 por dos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio tras una denuncia de la Federación Guipuzcoana de los Deportes Aéreos, que desde hace más de 25 años utiliza el paraje donde se asienta el palacete para la práctica del parapente.

La demanda se resumía en que la familia de la concejal de Urbanismo y Obras en Zarautz, Maite Garrastazu, aprovechó un caserío en ruinas para ejecutar una nueva edificación en una ubicación diferente; la superficie se duplicó (567 metros cuadrados frente a los 309 del antiguo caserío); la planta del palacete es 2,5 veces mayor (469 metros cuadrados frente a 183) y se asienta en un área rural de especial protección y en un corredor ecológico, donde habita una pareja de halcones peregrino. Todo ello con un informe contrario del Ararteko que ha concluido que, al tratarse de un suelo no urbanizable de especial protección, “solo cabe autorizar las obras de reconstrucción de caseríos existentes” en casos excepcionales y la ley de suelo “no permite el cambio de ubicación”.

Apenas un año después, en mayo de 2016, el juzgado de instrucción número 1 de Azpeitia decretó el archivo provisional del caso: no veía ni prevaricación ni delito contra la ordenación. Consideraba legal la licencia aunque, en su auto, pasaba por encima los dos elementos claves del caso: el cambio de ubicación del casoplón y que se trate de una nueva ubicación. El auto fue recurrido por los denunciantes ante la Audiencia de Gipuzkoa.

En una sentencia dictada el pasado 4 de julio por la Sección Tercera de la Audiencia guipuzcoana, se ratificó el archivo provisional al considerar que “no es una intervención constructiva de nueva planta” sino una “una intervención constructiva de sustitución”. El fallo no tuvo en cuenta los informes contrarios del Ararteko y la Diputación de Gipuzkoa a la construcción del casoplón en otro emplazamiento y cuestionó que la ley vasca de Urbanismo “permita únicamente el cambio de ubicación en el supuesto de reconstrucción por expropiación”.

Pero el casoplón estaba investigado igualmente desde marzo de 2017 por el instrucción número 2 de Azpeitia porirregularidades en las obras de urbanización: se acometieron sin licencia municipal  como reconoció el propio ayuntamiento de Aia. El consistorio abrió un expediente sancionador en el verano de 2016 y lo resolvió en febrero de 2017 de manera rocambolesca: sin practicar ninguna prueba convirtió el expediente sancionador en una orden de ejecución, en la que, incumpliendo la ley vasca de Suelo, calificó el tipo de sanción y cambió al instructor del expediente.

Pese a que este juzgado quiso inhibirse del caso aduciendo que “se trataban de los mismos hechos” que la instrucción de la edificación del casoplón, recibió un fuerte tirón de orejas de la Fiscalía de Gipuzkoa, que rechazó esta argumentación en un escrito firmado el 4 de septiembre.

La titular del juzgado de instrucción número 2 de Azpeitia, María de Blas, decidió entonces intervenir activamente y, en un auto dictado el pasado 4 de diciembre, citó como imputados al entonces alcalde de Aia y ahora concejal en el municipio Igor Iturain (PNV), el arquitecto Gaizka Perosterena, el aparejador Mikel Iradi y dos miembros de la familia promotora del casoplón, Elisabeth Garrastazu y María Garrastazu. La toma de declaraciones de los cinco está fijada para el próximo 11 de marzo.

En su auto, incluía una valoración significativa de este caso al aludir a “la  posible relevancia penal de hechos relacionados, cuales son que la acción constructiva en el caso Amesti no es de rehabilitación o reconstrucción sino de construcción de un edificio de nueva planta”. Esta una de las claves del asunto. Agregaba que una nueva edificación “no es autorizable en suelo no urbanizable de especial protección”, como está clasificada el área donde se ubica el casoplón.

Las diferentes partes plantearon escritos de recursos al auto, entre ellos el archivo de las diligencias por haber transcurrido el plazo de la instrucción de año y medio. La juez rechaza el sobreseimiento y, en un auto dictado el pasado 13 de febrero, acuerda prolongar otro año más la investigación judicial, que ahora queda limitada hasta el próximo 3 de septiembre.

Es la segunda vez que se amplía la instrucción judicial. Primero fue en 2017 cuando se declaró compleja y se extendió la investigación durante año y medio. El último auto acuerda además que los denunciantes, la Federación Guipuzcoana de los Deportes Aéreos y el Ayuntamiento de Aia, se personen en la investigación.

Las declaraciones, el próximo mes, de los cinco imputados deberían ir aclarando un caso sembrado de irregularidades. La ampliación de la investigación hasta finales de año permitirá a la juez practicar nuevas pruebas sobre las obras de urbanización del palacete. Y al fondo está la reactivación de la investigación, ahora archivada provisionalmente, del elemento central: la construcción de una nueva edificación en una ubicación diferente y duplicando la superficie en una zona de especial protección.