El inexplicable retraso en la declaración ante la juez de los cinco imputados por el casoplón de 11 baños

El juzgado que investiga el casoplón de Aia, (Gipuzkoa) de 11 habitaciones y 11 baños construido por la familia de una ex concejal del PNV de Zarautz que incumple la ley de Suelo tiene paralizada desde hace medio año la toma de declaración de los cinco imputados. Pese a que dictó su comparecencia para marzo pasado, la juez decidió unos días antes la suspensión de las comparecencias por un recurso de los afectados. Una decisión que contradice sus propios autos en los que señala que los recursos no suspenderán el procedimiento.

En diciembre pasado, el juzgado número 2 de Azpeitia citó como imputados por indicios de delito en las obras de urbanización del palacete a cinco personas: el ex alcalde de la localidad de Aia, el arquitecto y el aparejador municipales y dos miembros de la familia Garrastazu, los promotores del casoplón. 

Como ha informado este blog, el caso es investigado desde hace cuatro años en la vía penal (un tercer tribunal tiene abierta otra investigación en la vía contencioso-administrativa) por dos juzgados de Azpeitia. El juzgado número 1 abrió diligencias en 2015 por dos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio tras una denuncia de la Federación Guipuzcoana de los Deportes Aéreos, que desde hace más de 25 años utiliza el paraje donde se asienta el palacete para la práctica del parapente.

La demanda se resumía en que la familia de la ex concejal de Urbanismo y Obras en Zarautz, Maite Garrastazu (estuvo en el cargo la anterior legislatura), aprovechó un caserío en ruinas para ejecutar una nueva edificación en una ubicación diferente; la superficie se duplicó (567metros cuadrados frente a los 309 del antiguo caserío, y la a planta del palacete es 2,5 veces mayor: 469 metros cuadrados frente a 183) y se asienta en un área rural de especial protección y en un corredor ecológico, donde habita una pareja de halcones peregrino. Todo ello con un informe contrario del Ararteko que ha concluido que, al tratarse de un suelo no urbanizable de especial protección, “solo cabe autorizar las obras de reconstrucción de caseríos existentes” en casos excepcionales y la ley de suelo “no permite el cambio de ubicación”.

Apenas un año después, en mayo de 2016, el juzgado de instrucción número 1 de Azpeitia decretó el archivo provisional del caso: no veía ni prevaricación ni delito contra la ordenación. Consideraba legal la licencia aunque, en su auto, pasaba por encima los dos elementos claves del caso: el cambio de ubicación del casoplón y que se trate de una nueva ubicación. El auto fue recurrido por los denunciantes ante la Audiencia de Gipuzkoa.

En una sentencia dictada el 4 de julio del pasado año por la Sección Tercera de la Audiencia guipuzcoana, se ratificó el archivo provisional al considerar que “no es una intervención constructiva de nueva planta” sino una “una intervención constructiva de sustitución”. El fallo no tuvo en cuenta los informes contrarios del Ararteko y la Diputación de Gipuzkoa a la construcción del casoplón en otro emplazamiento y cuestionó que la ley vasca de Urbanismo “permita únicamente el cambio de ubicación en el supuesto de reconstrucción por expropiación”.

Pero el casoplón estaba investigado igualmente desde marzo de 2017 por el juzgado de instrucción número 2 de Azpeitia por irregularidades en las obras de urbanización: se acometieron sin licencia municipal  como reconoció el propio ayuntamiento de Aia. El consistorio abrió un expediente sancionador en el verano de 2016 y lo resolvió en febrero de 2017 de manera rocambolesca: sin practicar ninguna prueba convirtió el expediente sancionador en una orden de ejecución, en la que, incumpliendo la ley vasca de Suelo, calificó el tipo de sanción y cambió al instructor del expediente.

Pese a que este juzgado quiso inhibirse del caso aduciendo que “se trataban de los mismos hechos” que la instrucción de la edificación del casoplón, recibió un fuerte tirón de orejas de la Fiscalía de Gipuzkoa, que rechazó esta argumentación en un escrito firmado el 4 de septiembre.La titular del juzgado de instrucción número 2 de Azpeitia, María de Blas, decidió entonces intervenir activamente y, en el auto referido de diciembre, citó como imputados al ex alcalde de Aia y ahora concejal en el municipio Igor Iturain (PNV), el arquitecto Gaizka Perosterena, el aparejador Mikel Iradi y dos miembros de la familia promotora del casoplón, Elisabeth Garrastazu y María Garrastazu. La toma de declaraciones de los cinco se había fijado para el 11 de marzo.

Las diferentes partes plantearon escritos de recursos al auto que en su parte final señalaba textualmente: “La interposición de cualquiera de estos recursos no suspenderá la eficacia de este auto”.

Pero, en una providencia dictada el 7 de marzo (cuatro días antes de las declaraciones), acuerda suspenderlas hasta resolver los recursos de los afectados, que posteriormente fueron desestimados. El pasado 4 de septiembre, la nueva jueza, Arantzazu Brizuela, emite otra providencia en la que mantiene el caso paralizado hasta que haya una resolución de la Audiencia de Gipuzkoa.

Es inexplicable que un juzgado mantenga (contradiciendo lo que expresa en el auto) ya más de medio año suspendidas las declaraciones tras un contundente auto que imputa a cinco personas. En un caso que va a cumplir cuatro años en los juzgados con importantes indicios de irregularidades: la construcción de una nueva edificación en una ubicación diferente y duplicando la superficie en una zona de especial protección.