Los 20 propietarios “beneficiados” del polémico plan urbanístico de Mungia: pagan 600 euros frente a los 42.000 del resto de afectados

El polémico plan urbanístico en Mungia, que impone el pago de más de 2,1 millones a más de medio centenar de propietarios, tiene más elementos irregulares. Las cargas urbanísticas suponen una media de 42.000 euros por vecinos, aunque en nueve casos se exigen pagos de 50.000 euros e incluso a alguno de ellos la cantidad se eleva a 112.000 euros. Pero es que a 20 propietarios de las viviendas más nuevas (unos chalets adosados) solo se les impone un pago de alrededor de 600 euros por cada inmueble.

Como ha informado este blog, desde hace 10 años, los propietarios de una urbanización en las afueras de la localidad vizcaína de Mungia viven en la angustia. El Ayuntamiento les exige el pago de cerca de más de 2,1 millones de euros en cargas urbanísticas que los vecinos consideran ilegales. El Tribunal Supremo investiga desde el pasado año esta si es legal o no la pretensión del Consistorio, que ha mantenido oculta durante años esta petición económica.

Esta historia se sitúa en el barrio de Larrabizker, una zona de 11 hectáreas de caseríos y chalés, en la que se empezó a edificar en los años 70. En los 80, el ayuntamiento ya clasificó estos suelos como urbanizables en las normas subsidiarias y la Diputación de Bizkaia publicó en el Boletín Oficial del territorio de 1996 la reclasificación  del área como urbana, una catalogación que exime a ese suelo del pago por cargas urbanísticas.

Pero el Ayuntamiento de Mungia acometió en 2009 una modificación de las normas subsidiarias que afectan al barrio, que se publicó en el Boletín Oficial del 9 de abril de ese año. Aquí aparece una de las irregularidades, ya que en esa publicación no se hacía referencia alguna a ninguna carga urbanística. El hecho es que ya estaba diseñando una nueva urbanización en un suelo adyacente (otras 25 hectáreas, con 437 viviendas) con la idea de que, al ser urbanizable, los costes urbanísticos se repartieran entre la nueva superficie y la de las 59 parcelas de las edificaciones ya existentes.

La publicación incompleta de esa modificación se mantuvo inalterable durante cuatro años. En 2013, en el Boletín Oficial de Bizkaia del 8 de marzo, ya se incluye un apartado de cargas de urbanización (ver artículo 36 del boletín), en el que se fija el pago del 11,50 de los costes, un apartado que no aparecía por ningún lado en 2009. El 88,50% sería abonado por la nueva urbanización.

Los vecinos afectados ya habían empezado a movilizarse contra estas actuaciones y, en sus primeros contactos con la entonces alcaldesa Izaskun Uriagereka (PNV), recibieron la información de que los costes serían mínimos, alrededor de 3.000 euros por familia. Pero la publicación oficial de las cargas millonarias en 2013 y la aprobación del proyecto de reparcelación, con la inclusión de esos costes, por el ayuntamiento en octubre de 2014 les llevó a iniciar un pleito judicial. Un juzgado en Bilbao, en 2016, y el Tribunal Superior vasco, en 2018, dieron la razón al ayuntamiento.

Los afectados recurrieron al Tribunal Supremo que, en contra de lo habitual en estos casos (suele archivar estas denuncias en la mayoría de las peticiones que recibe), ha abierto una investigación centrada en la caducidad del expediente de reparcelación. Dicho expediente se abrió en agosto de 2012 pero no se aprobó definitivamente hasta octubre de 2013. Es decir 14 meses después, cuando la ley de procedimiento administrativo fija un plazo máximo de tres meses.

El Supremo, en un auto dictado el 10 de diciembre de 2018, ha abierto una investigación sobre dicha caducidad que, de confirmarse, tumbaría el proyecto urbanístico en este barrio de Mungia.

Los costes para los vecinos se han ido incrementado, ya que de los 1,5 millones que aparecían en el inicial proyecto de reparcelación, ha subido hasta los 1,8 millones, a los que se deben incluir conceptos como gastos generales, beneficio industrial e IVA. Así, la cifra total supera ya los 2,1 millones. Todo ello sin contar el previsible incremento que suelen tener todas las obras.

Pero lo llamativo es que el reparto de los costes es totalmente desigual. El plan urbanístico lo reparte en 59 parcelas, todas individuales, salvo una. En ella están 20 chalés adosados, viviendas construidas en los años 80, entre las más nuevas de la zona. El plan urbanístico ha establecido un coeficiente de cargas urbanísticas que en su caso supone el pago total de 8.974 euros, que, con los gastos generales, beneficio industrial e IVA, rondaría los 12.000 euros. Es decir, alrededor de 600 euros para cada uno de los 20 chalés adosados.

Las otras 58 viviendas del plan urbanístico deberán asumir 2,1 millones de euros. Esta distribución de las cargas fue fijada por un asesor urbanístico externo del Ayuntamiento de Mungia y fue avalada por el ayuntamiento. El Tribunal Superior de Justicia del País vasco, en la sentencia de 2018 que desestimó la demanda de los vecinos, dio una farragosa explicación (ver página 45 de la sentencia) sin entrar a valorar las razones de ese arbitrario reparto de cargas.

Un ejemplo de las consecuencias del nuevo plan es el caso de una vecina, de 94 años, que hace 40 años compró una parcela en Larrabizker por recomendación médica (buscar un entorno más saludable) para su marido enfermo. Adquirió una parcela de 700 metros cuadrados pero el ayuntamiento le obligó a comprar otra de 800 para poder edificar. Ahora, como las nuevas parcelas son de 700, le imponen un coste de 34.000 euros por esos 800 metros adicionales al tener la posibilidad de ampliar la vivienda (no construir otro chalé, lo que está prohibido), cuando no quiere ni puede acometer ningún aumento de su inmueble. Si tuviera solo los 700 metros que inicialmente compró, apenas tendría que pagar nada.

Si ya es muy cuestionable el plan municipal de obligar al pago a vecinos que estaban en un suelo urbano, la arbitrariedad en estos costes tiene aún más escasa justificación. Que alguien pague 600 euros y otros muchos, 20.000, 40.000 o incluso 112.000 euros es lo más lejano a la equidad. Y usar la justificación de que pueden ampliar viviendas, que ninguno de los afectados ha pedido ni quiere, suena a excusa. Sobre todo cuando detrás se encuentra el aligeramiento de los costes a quienes promueven la nueva urbanización, que se ahorran esos 2,1 millones a costa de 58 residentes. ¿Cómo se llama esto?