Sede del Palacio de Justicia de Bilbao

Euskadi se mantiene como la comunidad española con la Justicia más paralizada pese al paripé de las autoridades

Euskadi se mantiene como la comunidad autónoma española donde el servicio de la Justicia está más paralizada a consecuencia del coronavirus. Es el único territorio done permanece bloqueada la plataforma telemática que tramita las demandas judiciales, pese a que el Ministerio de Justicia reabrió esta vía el pasado 15 de abril Y encima la cúpula judicial vasca ha protagonizado los últimos días un paripé para ocultar esta realidad: ha puesto en marcha un servicio de cita previa telemática para presentar escritos de demanda sin ninguna validez práctica. Esos documentos no se podrán tramitar porque no hay posibilidad de teletrabajo y solo están en sus puestos el 10% del millar de funcionarios judiciales existentes en Euskadi.

Como ya ha informado este blog, en Bizkaia  los once juzgados de lo social de Bilbao decidieron bloquear cualquier demanda laboral asociada al coronavirus. Los jueces tampoco pueden actuar desde fuera de los juzgados, al estar imposibilitado por cuestiones técnicas el teletrabajo.

La plataforma telemática para tramitar las demandas laborales, la llamada JustiziaSIP, lleva un mes y medio bloqueada, y los jueces no pueden actuar. Esta paralización se  mantuvo en toda España hasta el pasado 15 de abril, cuando el Ministerio de Justicia abrió la plataforma denominada Lexanet, que rige para todo el territorio español salvo Euskadi, Cataluña, Navarra, Cantabria y Aragón, que tienen sus propias plataformas telemáticas. Estas vías sirven para que los ciudadanos presenten demandas o escritos de inicios de un caso ante la Justicia. Pero, a diferencia del resto, la cúpula judicial vasca ha comunicado oficialmente que su plataforma, JustiziaSIP, sigue inactiva.

Otra alternativa sería el teletrabajo, que el juez tramitara la demanda desde su domicilio. Pero, a diferencia de otros funcionarios en Euskadi, los magistrados no tienen posibilidad de acceder a los expedientes vía telemática.

La única opción es la presentación en papel, tras convencer al personal de Seguridad del Palacio de Justicia de Bilbao que permita acceder a las instalaciones cerradas actualmente. Pero en ese caso, según han confirmado fuentes jurídicas, las demandas quedan igualmente en las mesas de los juzgados por falta de personal.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, ha admitido, en una entrevista en la Cadena Ser, que solamente está trabajando menos el 10% de la plantilla de los juzgados vascos (101 de los más de 1.000 empleados), frente a otras comunidades como Cataluña donde ya están físicamente en sus puestos los cerca de 12.000 funcionarios judiciales.

La difusión de esta situación excepcional en la Justicia en Euskadi ha llevado a las autoridades a protagonizar en los últimos días de un auténtico paripé para tratar de ocultar la paralización judicial. Primero, desde este lunes 27 de abril ha puesto en marcha una cita previa (en este caso sí por la vía telemática) para poder presentar escritos de demandas “urgentes” en las puertas de los juzgados pero sin entrar en las instalaciones. Unos documentos que acabarán inamovibles en los distintos juzgados porque no hay ni personal ni jueces para tramitarlos. El juez decano de Bilbao, Aner Uriarte, se ha dedicado en los últimos días, en diversas entrevistas en medios de comunicación vascos, a lanzar una campaña que obvia esta excepcionalidad en Euskadi. Se ha quejado de la paralización de los juzgados, en el Correo, pero sin ninguna referencia a que se mantenga bloqueada, por la decisión de la cúpula judicial vasca, la vía telemática únicamente en Euskadi. Y ha defendido el sistema de cita previa, en otra entrevista en el informativo de la televisión pública vasca ETB de este lunes 27 de abril (ver a partir del minuto 40) aunque el decano del Colegio de Abogados de Bizkaia, Carlos Fuentenebro ha replicado que no tiene efecto «si no se reparten [las demandas] en los juzgados», como así está ocurriendo.

Que el servicio de la Justicia en Euskadi sea el más paralizado en España debería obligar a tomar medidas a la cúpula judicial. En vez de dedicarse a lavar su imagen en distintos medios de comunicación y poner en marcha medidas sin ninguna consecuencia práctica, se tendría que habilitar el teletrabajo para funcionarios y jueces, muchos de ellos seguro que deseosos de prestar su servicio público. Y, desde ya, abrir la plataforma telemática para que profesionales y ciudadanos puedan presentar sus demandas. Cualquier otra cosa son pájaros y flores.

4 Comentarios
  • Ana García Abascal

    28 abril, 2020at11:09 pm Responder

    A pesar de estar de acuerdo en general, hay que hacer varias puntualizaciones para hacer honor a la verdad
    1. Los Jueces no tramitan procedimientos, celebran vistas y dictan sentencias.
    2. El trámite judicial es funcion de los tramitadores y de los gestores.
    3. Si bien es cierto que mediante justiziasip no se pueden presentar demandas, si se presentan escritos.
    4. Que a pesar de que en otras CCAA si se pueden presentar demandas de forma telemática, los plazos están suspendidos para todo el territorio nacional, con lo cual, mientras no se reanuden los plazos, el incoar una demanda y emplazar a la parte contraria, supone que el emplazado va a tener mucho más tiempo que el establecido en la Ley para contestar a la demanda.
    5. Aunque se puedan incoar las demandas, estas quedan paralizadas en la primera fase del procedimiento en tanto en cuanto no se reanuden los plazos.
    6. El hecho cierto, es que se cumplen unos Servicios mínimos, como en el resto del territorio nacional, pero las deficiencias de justiziabat, impiden el teletrabajo y la presentación de demandas de forma telemática, lo que hace que se estén presentando estos de forma presencial, algo que choca con las medidas de prevención establecidas, aunque ya se habla de establecer un plazo de cuarentena.

    Totalmente de acuerdo en que se presume de unos medios en Euskadi, que están a día de hoy a años luz de otras CCAA, y que el label vasco que nos han hecho creer, es una falacia con mayúsculas, al menos en lo que a la justicia se refiere.

    • Alberto

      29 abril, 2020at6:43 pm Responder

      Muchas gracias Ana por las puntualizaciones. Saludos

  • Juan Pérez Garcia

    29 abril, 2020at7:16 pm Responder

    Aunque el contenido de la información puede ser ciert0, es totalmente tendenciosa. O al menos, así lo veo yo.
    Carga contra el sistema judicial y los jueces y se olvida del responsable de este fiasco, que no son los jueces, lo son el Gobierno vasco y su departamento de Justicia.
    Estos organismos, Gobierno Vasco y Consejería de Justicia, son los responsables de los medios y del personal al servicio de la Justicia en el País Vasco, Por cierto, la Consejería de Justicia, en manos del PSE-PSOE.
    Y en la información no se les cita en ningún momento.
    Insto al autor de la información a que apunte bien a los responsables de fiasco, que demuestra una vez más que, en contra de la propaganda oficial y de la ocultación que propician los medios vascos al servicio de la causa nacionalista, adolece de grandes déficits y de mucha inoperancia e ineptitud.

  • Joseba Fernández

    30 abril, 2020at2:15 pm Responder

    Al hilo de las informaciones que en este post de están publicando sobre la paralización en Euskadi del servicio público de la Administración de Justicia quisiera decir que no comprendo cómo se esta permitiendo situación. La Justicia, ahora que miles de personas está viendo perdidos derechos básicos como el trabajo, la salud, etc…, debería estar dando ejemplo como otros colectivos de servidores públicos. Y eso no está siendo así.

    Comparto que el Departamento de Justicia del Gobierno Vasco debe poner todos los medios a su alcance pero lo que hemos visto estos días en los medios de comunicación han sido declaraciones de importantes autoridades judiciales quitando importancia a esta indefensión en que se ha dejado a la ciudadanía. De un político me lo podía esperar pero no de la cúpula judicial que seguro tiene el poder suficiente para exigir de cualquier autoridad administrativa que adopte las medidas oportunas para proteger los derechos de todos y todas.

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