Un juez suspende el cobro millonario a vecinos de Mungia por el polémico plan urbanístico de Larrabizker

Un juzgado de Bilbao ha suspendido el cobro millonario que el Ayuntamiento de Mungia exige a medio centenar de vecinos de Mundial en concepto de cargas urbanísticas por el polémico plan de Larrabizker, con el que pretende que abonen más de 2,1 millones de euros. El juez ha decretado la paralización cautelar del cobro a un vecino porque puede “afectar de manera clara al patrimonio” del afectado y por la existencia de un litigio judicial en este caso, investigado por otros juzgados de Bilbao.

Como ha informado este blog, los costes urbanísticos suponen una media de 42.000 euros por vecino, aunque en nueve casos se exigen pagos de 50.000 euros e incluso a alguno de ellos la cantidad se eleva a 112.000 euros. Pero, además, a 20 propietarios de las viviendas más nuevas (unos chalés adosados) solo se les impone un pago de alrededor de 600 euros por cada inmueble. El asunto de fondo es que los vecinos defienden que sus viviendas están en un área ya catalogada desde hace 24 años como urbana (lo que les exime de cargas urbanísticas), frente al Ayuntamiento y los promotores de los terrenos de al lado, que sostienen que deben pagar por las nuevas cargas.

Desde hace 10 años, los propietarios de la urbanización de Larrabizker en las afueras de la localidad vizcaína de Mungia viven en la angustia. El Ayuntamiento les exige el pago de cerca de más de 2,1 millones de euros en cargas urbanísticas que los vecinos consideran ilegales. Es una zona de casi 12 hectáreas de caseríos y chalés, en la que se empezó a edificar en los años 70. En los 80, el ayuntamiento ya clasificó estos suelos como urbanizables en las normas subsidiarias y la Diputación de Bizkaia publicó en el Boletín Oficial del territorio de 1996 la reclasificación  del área como urbana, una catalogación que exime a ese suelo del pago por cargas urbanísticas.

Pero el Ayuntamiento de Mungia acometió en 2009 una modificación de las normas subsidiarias que afectan al barrio, que se publicó en el Boletín Oficial del 9 de abril de ese año. Aquí aparece una de las irregularidades, ya que en esa publicación no se hacía referencia alguna a ninguna carga urbanística. El hecho es que ya estaba diseñando una nueva urbanización en un suelo adyacente (otras 24 hectáreas, con 437 viviendas) con la idea de que, al ser urbanizable, los costes urbanísticos se repartieran entre la nueva superficie y la de las 59 parcelas de las edificaciones ya existentes.

La publicación incompleta de esa modificación se mantuvo inalterable durante cuatro años. En 2013, en el Boletín Oficial de Bizkaia del 8 de marzo, aparece un apartado de cargas de urbanización (ver artículo 36 del boletín), en el que se fija el pago del 11,50 de los costes, un apartado que no estaba por ningún lado en 2009. El 88,50% sería abonado por la nueva urbanización. Pero esa cantidad se ha incrementado hasta un porcentaje del 19,14%, con lo que los 1,5 millones de cargas que aparecían en el proyecto inicial han subido hasta los 2,1 millones, incluidos los gastos generales y el IVA.

Los afectados presentaron una presentaron una demanda el 31 de enero y el juzgado de lo contencioso administrativo número 5 de Bilbao  inició una investigación el pasado 3 de febrero, en la que, además del sobreprecio de las cargas urbanísticas, se indaga sobre la falta de un estudio de impacto ambiental en las obras de urbanización.

Desde septiembre, los vecinos han empezado a recibir una comunicación del Ayuntamiento en el que se les conmina a pagar el primer plazo de estos cargos, que cuantifica en más de 1,5 millones de euros y detalla los conceptos (redacción de documentos, informes jurídicos, proyectos o respuestas a las alegaciones) pero sin facturas ni otra documentación adicional. El consistorio anticipa que están pendientes otros dos pagos para “el resto de gastos de urbanización y honorarios de dirección de obra” y la “liquidación final”. Sobre el primero señala que se pasaría a finales de diciembre y el segundo no tiene fecha.

Hasta ahora, una docena de vecinos ya han presentado un recurso ante los juzgados de lo contencioso administrativo para que se suspenda el pago de las cantidades de este primer plazo, que oscilan entre los 6.000 y 30.000 euros por propietario.

El pasado 1 de diciembre se dictó el primer auto que da la razón a un afectado, un jubilado al que el Ayuntamiento de Mungia le había reclamado el pago de una primera cuota de casi 14.000 euros. El titular del juzgado de lo contencioso-administrativo 3 de Bilbao, Emilio Lamo de Espinosa, suspende cautelarmente el cobro por tres motivos.

El primero, como argumentaba la defensa del vecino, es que ya existe un aval (la vivienda) para el pago del dinero que exige el ayuntamiento. La segunda razón es que dicho cobro “sí puede afectar de manera clara al patrimonio” del afectado, “persona de edad avanzada y que percibe los ingresos propios de su situación de jubilado”.

Y el tercer motivo esgrimido por el juez es la “existencia de diversos procedimientos en trámites ante distintos juzgados” sobre este caso. El magistrado se refiere a la denuncia contra el plan de parcelación interpuesto por los vecinos y a una segunda demanda contra el plan de urbanización, la iniciada en febrero que indaga el sobreprecio de las cargas urbanísticas y la falta de un estudio de impacto ambiental en las obras de urbanización.

El Ayuntamiento de Mungia recibe el primer varapalo judicial contra su empeño en obligar al pago de unos costes de urbanización a vecinos que estaban en un suelo urbano, algo prohibido por la ley. La suspensión cautelar del cobro a un jubilado puede anticipar una casada de resoluciones, ya que hay otra docena de recursos interpuestos en los juzgados. Alguien debería reflexionar sobre lo que está haciendo en este proyecto urbanístico.