lan urbanístico de Larrrabizker en Mungia.

Mungia obvia al juez y vuelve a subir las cargas urbanísticas del polémico plan Larrabizker

El Ayuntamiento de Mungia ha obviado la sentencia de un juez y ha vuelto a subir las cargas urbanísticas a medio centenar de vecinos del polémico plan urbanístico de Larrabizker, El Consistorio ha elevado los costes en casi 450.000 euros, por lo que ya sumarán más de 2,5 millones, debido a lo que denomina “circunstancias fácticas”. La decisión, plasmado en un decreto de alcaldía del pasado octubre, supone que estos vecinos tengan que pagar el 23,45% del total de costes y pasa por alto la sentencia de un juzgado de Bilbao, que dictaminó en mayo pasado que solo debían abonar un 11,50%.

Este caso tiene abiertos tres frentes judiciales: el fallo sobre la legalidad del proyecto de urbanización, que fue declarado ilegal por juzgado de lo contencioso administrativo 5 de Bilbao (el que fijaba las tasas en el 11%)y, tras ser recurrido, debe posicionarse el Tribunal Superior vasco; el cobro de tasas que el consistorio incrementó sin ninguna justificación y una instrucción judicial sobre cuatro parcelas concretas.

Como ha informado este blog, la polémica del plan de Larrabizker reside en que  los costes urbanísticos suponen una media de 42.000 euros por vecino, aunque en nueve casos se exigen pagos de 50.000 euros e incluso a alguno de ellos la cantidad se eleva a 112.000 euros. El asunto de fondo es que los vecinos defienden que sus viviendas están en un área ya catalogada desde hace 26 años como urbana (lo que les exime de cargas urbanísticas), frente al Ayuntamiento y los promotores de una nueva urbanización en los terrenos de al lado, que sostienen que deben pagar por las nuevas cargas.

Es una zona de casi 12 hectáreas de caseríos y chalés, en la que se empezó a edificar en los años 70. En los 80, el ayuntamiento ya clasificó estos suelos como urbanizables en las normas subsidiarias y la Diputación de Bizkaia publicó en el Boletín Oficial del territorio de 1996 la reclasificación del área como urbana, una catalogación que exime a ese suelo del pago por cargas urbanísticas.

Pero el Ayuntamiento de Mungia acometió en 2009 una modificación de las normas subsidiarias que afectan al barrio, que se publicó en el Boletín Oficial del 9 de abril de ese año. Aquí aparece una de las irregularidades, ya que en esa publicación no se hacía referencia alguna a ninguna carga urbanística. El hecho es que ya estaba diseñando una nueva urbanización en un suelo adyacente (otras 24 hectáreas, con 437 viviendas) con la idea de que, al ser urbanizable, los costes urbanísticos se repartieran entre la nueva superficie y la de las 59 parcelas de las edificaciones ya existentes.

La publicación incompleta de esa modificación se mantuvo inalterable durante cuatro años. En 2013, en el Boletín Oficial de Bizkaia del 8 de marzo, aparece un apartado de cargas de urbanización (ver artículo 36 del boletín), en el que se fija el pago del 11,50 de los costes, un dato que no estaba por ningún lado en 2009. El 88,50% sería abonado por la nueva urbanización. Pero esa cantidad se incrementó hasta un porcentaje del 19,14%, con lo que los 1,5 millones de cargas que aparecían en el proyecto inicial subían hasta los 2,1 millones, incluidos los gastos generales y el IVA.

Los vecinos llevaron a los tribunales estas irregularidades. En marzo, el juzgado de lo contencioso administrativo 5 de Bilbao ordenó que siguiera la investigación sobre los polémicos cobros.  Y en septiembre del pasado año, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco adoptaba idéntica decisión sobre cuatro parcelas concretas.

El tercer frente judicial empezó a aclararse en mayo. El juzgado 5 de lo contencioso, en un fallo dictado el 6 de mayo, declaró nulo el proyecto de urbanización de Larrabizker. Argumentó que el incremento del cobro de las cargas (del 11% a casi un 20%) incumple las propias normas urbanística del municipio de Mungia. “Es contrario a una norma de superior rango, como son las normas subsidiarias de planeamiento y ha de considerarse nulo en tal aspecto, al rebasar el porcentaje máximo de participación”.

A ello añadía que el proyecto de urbanización carece del preceptivo trámite de información pública, una ausencia que es criticada duramente en el fallo. “No tiene potestad el Ayuntamiento para soslayar un requisito que es obligado por los principios democrático y de seguridad jurídica, así como para el derecho de la sociedad a intervenir activamente en el urbanismo de su municipio”. El juez imponía además al Consistorio de Mungia el pago de todas las cosas judiciales del caso.

Pese a esta sentencia, el Ayuntamiento no tramitó la elaboración de un nuevo proyecto de urbanización sino que ha procedido a una modificación. En el documento, plasmado en un decreto de alcaldía del pasado 5 de octubre, el Consistorio no solo rebaja las cargas del 19 al 11% como exigía la sentencia judicial, sino que las incrementa al 23,45%. Argumenta que se debe a “circunstancias fácticas surgidas con motivo de la ejecución de las obras y soluciones técnicas requeridas para su realización”. Sin embargo, estos sobrecostes no se aplican a las obras del resto del proyecto, las 24 hectáreas de la nueva urbanización, que mantiene inalterables sus gastos y ve así reducida su carga total del 80% al 76%.

Todo este lío judicial sobre el proyecto de Larrabizker prosigue cuando las obras siguen sin freno y ya están terminadas 94 de las 437 viviendas proyectadas.

De nuevo, el Ayuntamiento de Mungia se salta una sentencia judicial en el polémico proyecto urbanístico de Larrabizker, con el quiere que medio centenar de vecinos que residen desde 50 años en sus casas una millonada para sufragar una nueva urbanización adyacente. Tras declararse ilegal el proyecto de urbanización por casi duplicar las cargas y la falta de información pública, el Ayuntamiento, en vez de cumplir el fallo judicial y rebajar los costes, vuelve a subirlos hasta el 23%. Y solo lo aplica a los damnificados y mantiene los costes a los que promueven toda la urbanización. Parece como si la tramitación urbanística la hiciera la promotora privada, en vez del ayuntamiento. Si fuera juez, a mí esto me sonaría a tomadura de pelo.

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