Imagen del Ayuntamiento de Iurreta, donde se ha denunciado acoso laboral..

La secretaria municipal cesada tras detectar irregularidades se reincorpora a su puesto

La secretaria municipal de Iurreta cesada hace dos años y medio tras detectar irregularidades en la gestión del Consistorio se ha reincorporado a su puesto. La empleada acudió el jueves pasado al Ayuntamiento después de que la Diputación de Bizkaia haya aprobado oficialmente la readmisión inmediata. La institución foral cumple así la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País vasco, que el pasado 9 de julio ordenó la reincorporación de la empleada en un plazo de 10 días hábiles, que se cumple el 1 de agosto. En febrero, el alto tribunal ya dictó, en otra sentencia, que hubo desviación de poder por parte del ayuntamiento y declaró nulo el despido, con la restitución a su puesto y el abono de los salarios de la exsecretaria durante los dos años y medio que lleva sin su trabajo.

La secretaria, tras conocer la orden de la Diputación, se presentó el jueves en el Consistorio y firmó el acta de posesión de su puesto.

En Euskadi las diputaciones son las encargadas de aprobar los nombramientos de los secretarios municipales y también los ceses. En el caso de Iurreta, la Diputación vizcaína tramitó a finales de 2020 la destitución de la entonces secretaria de Iurreta por la petición del alcalde Iñaki Totorikaguena (PNV).

Ahora, tras las dos sentencias del Tribunal Superior, ha aprobado una orden foral que vuelve a nombrarle como secretaria municipal. La resolución está firmada el pasado 20 de julio por el nuevo diputado foral de Administración Pública y Relaciones Institucionales, Ager Izagirre, y se ha publicado en el Boletín Oficial de Bizkaia del pasado 26 de julio.

La secretaria cesada a finales de 2020, Irma Domingorena, con 18 años de experiencia en la administración pública como letrada y secretaria municipal, desveló numerosas irregularidades en el consistorio. Entre ellas, la autorización al arquitecto municipal para la adjudicación ‘a dedo’ de un contrato a su hija por un valor cercano a los 3.000 euros, sin que acometiera ningún trabajo para el Ayuntamiento de Iurreta. La entonces secretaria detectó además hasta alrededor de 60 contratos menores (los que se adjudican sin concurso y a dedo por ser cantidades inferiores a 15.000 euros) sin que se hubieran cumplido las exigencias legales de control.

Por ello, presentó una demanda en la vía contencioso-administrativa. El Tribunal Superior de Justicia vasco inició hace más de dos años, en junio de 2021, la investigación para determinar si se ocultaron las razones reales de la destitución de la secretaria municipal y la supuesta desviación de poder del alcalde Iñaki Totorikaguena. Y es que el primer edil argumentó, cuando decidió prescindir de Irma Domingorena, que el Ayuntamiento de Iurreta “se encuentra inmerso en una serie de proyectos estratégicos especialmente complejos en el ámbito urbanístico, organizativo y de Administración electrónica que requieren para su consecución de la prestación de servicios por parte de personal especialmente cualificado; con experiencia y un adecuado conocimiento tanto de la organización como de la idiosincrasia municipal”.

En su sustitución, se nombró, por el llamado mecanismo de acumulación, a la secretaria de la localidad cercana de Amorebieta. Se trató de Aizbea Atela, quien fue juntera (miembro del Parlamento de Bizkaia) en representación del PNV durante 8 años, de 2003 a 2011. Permaneció en el cargo únicamente 13 meses, hasta que pidió ser sustituida. Su puesto está ocupado ahora por una administrativa, que actúa como secretaria accidental, y es diplomada en Magisterio, una categoría nada habitual para este cargo, ya que suelen ser técnicos y no administrativos y además con una licenciatura en Derecho o Empresariales que le permite tener conocimientos jurídicos.

El puesto de secretario es clave en un ayuntamiento y un perfil “crítico” es molesto para determinados alcaldes que no quieren “obstáculos” legales en cuestiones como el urbanismo.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en una sentencia dictada el pasado 6 de febrero, dio la razón a la exsecretaria cesada. Aseguró que se comete una” clara desvalorización de las capacidades” de la destituida y que su reemplazo por una secretaria de otro consistorio “tenía una finalidad medial e instrumental para lograr el cese de la secretaria interina”.

El alto tribunal vasco aludió entonces a que la acreditación del “móvil anómalo” del cese se corrobora con las “alusiones imprecisas [del alcalde] a la mayor experiencia de la Secretaria de Amorebieta”.

Pese a que la sentencia se dictó hace casi medio año, la afectada ha continuado sin su trabajo. Por ello, pidió la ejecución provisional de la sentencia referida a su reincorporación.

El Superior, tras examinar la petición, aceptó la reincorporación inmediata, con los apercibimientos legales si no se cumple esa fecha. En un auto dictado el 9 de julio, el alto tribunal vasco desestimaba los argumentos esgrimidos por el Ayuntamiento de Iurreta, que rechazaba la reincorporación. “Ya detentaba con anterioridad el derecho o facultad de ejercer el cargo, que ha sido truncada por una actuación ilegítima”, señala y agregaba que su reincorporación es la “consecuencia jurídica natural del restablecimiento de la legalidad vulnerada”.

El Ayuntamiento de Iurreta ha recibido dos varapalos judiciales en medio año por el controvertido cese de su secretaria, Curiosamente, ambos solo han sido recurridos por el Consistorio mientras que la Diputación de Bizkaia, la institución que tramitó oficialmente la destitución, se ha inhibido del caso.

La secretaria municipal de Iurreta cesada hace dos años y medio tras detectar irregularidades en el Ayuntamiento ya ha vuelto a su puesto. La Diputación de Bizkaia ha oficializado, con una orden foral, la reincorporación. Hace medio año, el Tribunal Superior vasco anuló la destitución al apreciar desviación de poder (poco habitual que la Justicia certifique esta ilegalidad) y hace unas semanas ordenó la restitución inmediata en su puesto. Ahora solo cabe esperar que no haya más intromisiones de los políticos en la labor de profesionales tan importantes en los ayuntamientos como los secretarios municipales, encargados de velar por la legalidad de las decisiones que se toman en los consistorios.

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