Europa abre una investigación por la falta del estudio de impacto en el polémico plan urbanístico de Mungia

Las instituciones europeas han abierto una investigación sobre la falta de un estudio específico de impacto ambiental del polémico plan urbanístico de Mungia. El Parlamento europeo ha admitido la denuncia presentada hace medio año por los vecinos y ha encargado una investigación preliminar a la Comisión Europea.

La ausencia del estudio de impacto ya está en los tribunales vascos desde 2020. Un juez de Bilbao abrió una investigación en febrero de 2020 (pendiente de resolverse por el Tribunal Superior vasco) y el propio Ayuntamiento de Mungia reconoció ante el juez, en junio de 2020, que carece de un estudio de impacto ambiental específico y que solo existe un informe conjunto de 2006 sobre áreas urbanizables en el municipio.

Como ha informado este blog, la polémica del plan de Larrabizker reside en las cargas impuestas por el ayuntamiento, los costes urbanísticos suponen una media de 42.000 euros por vecino, aunque en nueve casos se exigen pagos de 50.000 euros e incluso a alguno de ellos la cantidad se eleva a 112.000 euros. El asunto de fondo es que los vecinos defienden que sus viviendas están en un área ya catalogada desde hace 26 años como urbana (lo que les exime de cargas urbanísticas), frente al Ayuntamiento y los promotores de una nueva urbanización en los terrenos de al lado, que sostienen que deben pagar por las nuevas cargas.

Es una zona de casi 12 hectáreas de caseríos y chalés, en la que se empezó a edificar en los años 70. En los 80, el ayuntamiento ya clasificó estos suelos como urbanizables en las normas subsidiarias y la Diputación de Bizkaia publicó en el Boletín Oficial del territorio de 1996 la reclasificación del área como urbana, una catalogación que exime a ese suelo del pago por cargas urbanísticas.

Pero el Ayuntamiento de Mungia acometió en 2009 una modificación de las normas subsidiarias que afectan al barrio, que se publicó en el Boletín Oficial del 9 de abril de ese año. Aquí aparece una de las irregularidades, ya que en esa publicación no se hacía referencia alguna a ninguna carga urbanística. El hecho es que ya estaba diseñando una nueva urbanización en un suelo adyacente (otras 24 hectáreas, con 437 viviendas) con la idea de que, al ser urbanizable, los costes urbanísticos se repartieran entre la nueva superficie y la de las 59 parcelas de las edificaciones ya existentes.

La publicación incompleta de esa modificación se mantuvo inalterable durante cuatro años. En 2013, en el Boletín Oficial de Bizkaia del 8 de marzo, aparece un apartado de cargas de urbanización (ver artículo 36 del boletín), en el que se fija el pago del 11,50 de los costes, un dato que no estaba por ningún lado en 2009. El 88,50% sería abonado por la nueva urbanización. Pero esa cantidad se incrementó hasta un porcentaje del 19,14%, con lo que los 1,5 millones de cargas que aparecían en el proyecto inicial subían hasta los 2,1 millones, incluidos los gastos generales y el IVA.

Los vecinos llevaron a los tribunales estas irregularidades. El juzgado 5 de lo contencioso, en un fallo dictado el 6 de mayo del pasado año, declaró nulo el proyecto de urbanización de Larrabizker. Argumentó que el incremento del cobro de las cargas (del 11% a casi un 20%) incumple las propias normas urbanísticas del municipio de Mungia. A ello añadía que el proyecto de urbanización carece del preceptivo trámite de información pública, una ausencia que es criticada duramente en el fallo.

Mientras sigue este lío judicial sobre el proyecto de Larrabizker, las obras continúan sin freno y ya están terminadas un centenar de las 437 viviendas proyectadas.

Ahora el asunto ha llegado a Europa. Los vecinos presentaron en marzo pasado una denuncia ante la Dirección General de Medio Ambiente de la Comision Europea. Argumentaron que ha habido una infracción del procedimiento de evaluación ambiental de la normativa europea. “El único tramite ambiental que se realizó fue hace casi 18 años, en el año 2005”, señalan, referido a todo el planeamiento general del municipio.

Añadieron que la Diputación de Bizkaia ha corroborado otras vulneraciones de la normativa medioambiental sobre protección de hábitats, Como informó este blog, un informe del área de Sostenibilidad y Medio Natural de la Diputación de Bizkaia ha detectado importantes ilegalidades medioambientales y problemas de inundabilidad en una veintena de parcelas de Larrabizker. Tres técnicos señalan que hay daños a una especie protegida como el visón europeo, la ejecución de un vertido al río sin autorización o la existencia de zonas inundables en una superficie total de 2,4 hectáreas. 

El pasado 19 de septiembre, el Parlamento europeo envió un escrito a los vecinos, en el que anuncia la apertura de una investigación, “ya que el asunto está dentro de los ámbitos de actuación de la Unión Europea”. Agrega que ha enviado el caso a la Comision Europea para que “lleve a cabo una investigación preliminar sobre este asunto”.

El polémico proyecto urbanístico, que ya está anulado por un juez, llega ahora hasta Europa. Las instituciones comunitarias han abierto una investigación por la falta de un estudio de impacto ambiental específico. Tras declararse ilegal el proyecto de urbanización por casi duplicar las cargas y la falta de información pública y otros dos fallos judiciales que declaran ilegales dichas cargas, la siguiente irregularidad es la carencia de una evaluación de impacto. Mientras, parece que no pasa nada y no hay ningún responsable de este cúmulo de despropósitos.