El tercer ex alcalde de Alonsotegi que irá a juicio por desvío de fondos en el ayuntamiento

El tercer ex alcalde de Alonsotegi que irá a juicio por desvío de fondos en el ayuntamiento

El caso del cobro por obras públicas falsas en Alonsotegi (Bizkaia) tiene importantes novedades. La jueza encargada de las investigaciones ve dos delitos (fraude a la Hacienda vizcaína y falsedad documental) y ha encausado a las seis personas que estaban imputadas: el ex alcalde José Luis Erezuma (primer edil en representación del PNV entre 2011 y 2015), dos arquitectos municipales, el aparejador y dos constructores.

La decisión es un salto cualitativo, ya que es la propuesta de la magistrada de se enfrenten a un juicio oral, que deberá ser ratificada por la Audiencia de Bizkaia. Sería el tercer alcalde de Alonsotegi, todos ellos del PNV, que iría al banquillo de los acusados: los dos antecesores de Erezuma entre 2003 y 2011 (Gabino Martínez de Arenaza, quien luego sería director de Turismo y Promoción Exterior de la Diputación de Bizkaia, y su sustituto Aitor Santisteban) han sido procesados por un agujero económico de 15 millones de euros en el consistorio. Los delitos son tráfico de influencias, malversación, fraude, exacciones ilegales y negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios. Aún no se ha fijado la fecha del juicio oral.

La investigación judicial contra el ex alcalde Erezuma, iniciada el pasado año por el juzgado de instrucción número 4 de Barakaldo, busca esclarecer un episodio de obras falsas ocurrido en noviembre de 2011 tras unas riadas en el municipios de Alonsotegi. Se trata de tres proyectos (dos muros y un sótano) por los que la Diputación vizcaína concedió una ayuda extraordinaria de 600.000 euros. Pero la Fiscalía señala que no hubo desperfectos en las tres instalaciones. Las diligencias investigan cuatro posibles delitos (prevaricación administrativa, falsificación de documentos públicos, malversación y fraude de subvenciones) por el dinero pagado la empresa Laneder, (en disolución tras quebrar en 2013), con la que el Ayuntamiento tenía una deuda de más de un millón de euros por una obra realizada en 2008.

Los dos constructores encausados ya declararon el 20 de noviembre y, uno de ellos, Eduardo Ibarra, confirmó que las obras no se ejecutaron. “El alcalde nos dijo que nos iba a pagar la deuda que tenía con Laneder pero que había que hacer firmar una serie de papeles y hacer una serie de facturas [falsas]. Y si no [aceptábamos] nos dijo textualmente: a la cola y ya veremos cuando cobráis y si cobráis. Como ya llevábamos cuatro años que no nos pagaban, al final optamos por firmar y cobrar”. Admitió que no ejecutaron ninguna de las tres obras por las que facturaron los 600.000 euros. “No se hicieron los trabajos que se dicen” en las facturas emitidas, declaró. El constructor reveló que en menos de un mes ya recibieron el dinero. Según la documentación municipal, la “obra” se ejecutó en apenas 10 días, ya que fue contratada el 9 de marzo de 2012, la constructora presentó la documentación el 20 de marzo y las certificaciones el 16 de abril. Un plazo imposible para tres proyectos por 600.000 euros.

El 17 de julio pasado, el ex alcalde José Luis Erezuma declaró ante la jueza que las obras, pese a haber sido pagadas, no se ejecutaron pero que esta operación no supuso perjuicios económicos para el Ayuntamiento de Alonsotegi.

El auto judicial que abre la celebración del juicio, dictado el pasado 15 de octubre y adelantado por El Correo y Naiz, señala que los seis encausados actuaron “de común acuerdo” para lograr las subvenciones de la Diputación por valor de 600.000 euros (además de otros 81.000 euros del propio ayuntamiento) y pagar ese dinero posteriormente al arquitecto y aparejador que trabajan para el Consistorio así como a la constructora Laneder. Una operación “sin contenido económico real”, subraya el auto.

Al ex alcalde Erezuma le culpa de encargar “de forma verbal” las supuestas obras y a los técnicos municipales de presentar informes “con desperfectos inexistentes”.

Este es el último de los casos de supuesta corrupción bajo investigación judicial en Alonsotegi, el municipio vasco de más de 1.000 habitantes con mayor endeudamiento (763 euros por vecino). Los tribunales tienen abiertos tres investigaciones diferentes en los que están imputados los tres alcaldes, todos del PNV, en las tres anteriores legislaturas (de 2003 a 2015). El agujero económico total ronda los 17 millones de euros, según los informes periciales.

El primer caso es el de la sociedad municipal urbanística Alonsotegi Eraikiz, en la que el Ayuntamiento se gastó 7,3 millones sin documentación que lo justificara, según los informes de la interventora municipal. Esta sociedad, que funcionó entre 2003 y 2011, dejó al disolverse un agujero de 4,1 millones de euros que fue asumido por el Ayuntamiento en contra de la opinión de la interventora. Las investigaciones se iniciaron en 2014 tras una denuncia presentada por EH Bildu y concluyeron en julio pasado con el procesamiento de los dos alcaldes de ese periodo entre 2003 y 2011 (Gabino Martínez de Arenaza, quien luego sería director de Turismo y Promoción Exterior de la Diputación de Bizkaia, y su sustituto Aitor Santisteban). Se les acusa, junto a tres abogados y al arquitecto asesor, de cinco delitos: tráfico de influencias, malversación, fraude, exacciones ilegales y negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios. Una auditoría externa ha cifrado en 15 millones el agujero económico. Ahora, una vez que se formulen las peticiones de cárcel, está pendiente la fijación del día del juicio.

El segundo caso se refiere a certificaciones falsas de obras en 2008, cuando se produjeron inundaciones en el municipio. La instrucción del caso, iniciada en 2016, ya ha revelado que Alonsotegi recibió ayudas de casi 2 millones de euros de la Diputación vizcaína y el Gobierno central. Un informe pericial contratado por el Ayuntamiento ha concluido que se pagaron 1,2 millones por obras falsas, como accesos a un campo de futbol sin ejecutar, y que el valor de las obras realmente ejecutadas rondaría los 100.000 euros. En esta instrucción judicial están imputados el ex acalde entre 2007 y 2011 Aitor Santisteban, el arquitecto externo y el aparejador por tres delitos: prevaricación, falsificación de documentos públicos y malversación. Todo apunta, pendiente de la decisión de la Audiencia de Bizkaia, que el municipio de Alonsotegi tendrá en el banquillo de los acusados a su tercer alcalde, un triste récord para una administración pública. Pagar con dinero público por obras falsas no es asunto baladí. Y que haya tres investigaciones judiciales por un agujero de 17 millones de euros en las cuentas municipales debía haber provocado la asunción de responsabilidades hace ya unos cuantos años.