La Comisión Vasca de Transparencia reprocha a Ura que negase datos del plan urbanístico de Larrabizker

La Comisión Vasca de Transparencia ha reprochado a la Agencia Vasca del Agua, Ura, que negase datos del polémico plan urbanístico de Larrabizker, en Mungia,  con el que se pretende que medio centenar de vecinos abonen más de 2,1 millones de euros. La denominada Comisión Vasca de Acceso a la Información pública, un órgano del Gobierno vasco creado en 2016 para el control de la transparencia en las administraciones, rehusó facilitar información a la plataforma vecinal de afectados. En concreto, sobre el expediente sancionador abierto al Ayuntamiento de Mungia por urbanizar Larrabizker sin autorización de Ura en un área inundable y donde habita una especie protegida como el visón.

De hecho, desde marzo pasado la Agencia Vasca de Agua tiene abierta una propuesta de expediente sancionador, pendiente de resolución.

La polémica del plan de Larrabizker reside en que  los costes urbanísticos suponen una media de 42.000 euros por vecino, aunque en nueve casos se exigen pagos de 50.000 euros e incluso a alguno de ellos la cantidad se eleva a 112.000 euros. El asunto de fondo es que los vecinos defienden que sus viviendas están en un área ya catalogada desde hace 24 años como urbana (lo que les exime de cargas urbanísticas), frente al Ayuntamiento y los promotores de una nueva urbanización en los terrenos de al lado, que sostienen que deben pagar por las nuevas cargas.

Desde hace 10 años, los propietarios de la urbanización de Larrabizker en las afueras de la localidad vizcaína de Mungia viven en la angustia. El Ayuntamiento les exige el pago de cerca de más de 2,1 millones de euros en cargas urbanísticas que los vecinos consideran ilegales. Es una zona de casi 12 hectáreas de caseríos y chalés, en la que se empezó a edificar en los años 70. En los 80, el ayuntamiento ya clasificó estos suelos como urbanizables en las normas subsidiarias y la Diputación de Bizkaia publicó en el Boletín Oficial del territorio de 1996 la reclasificación del área como urbana, una catalogación que exime a ese suelo del pago por cargas urbanísticas.

Pero el Ayuntamiento de Mungia acometió en 2009 una modificación de las normas subsidiarias que afectan al barrio, que se publicó en el Boletín Oficial del 9 de abril de ese año. Aquí aparece una de las irregularidades, ya que en esa publicación no se hacía referencia alguna a ninguna carga urbanística. El hecho es que ya estaba diseñando una nueva urbanización en un suelo adyacente (otras 24 hectáreas, con 437 viviendas) con la idea de que, al ser urbanizable, los costes urbanísticos se repartieran entre la nueva superficie y la de las 59 parcelas de las edificaciones ya existentes.

La publicación incompleta de esa modificación se mantuvo inalterable durante cuatro años. En 2013, en el Boletín Oficial de Bizkaia del 8 de marzo, aparece un apartado de cargas de urbanización (ver artículo 36 del boletín), en el que se fija el pago del 11,50 de los costes, un apartado que no estaba por ningún lado en 2009. El 88,50% sería abonado por la nueva urbanización. Pero esa cantidad se ha incrementado hasta un porcentaje del 19,14%, con lo que los 1,5 millones de cargas que aparecían en el proyecto inicial han subido hasta los 2,1 millones, incluidos los gastos generales y el IVA.

Los afectados presentaron una presentaron una demanda el 31 de enero del pasado año y el juzgado de lo contencioso administrativo número 5 de Bilbao  inició una investigación el 3 de febrero de 2020, en la que, además del sobreprecio de las cargas urbanísticas, se indaga sobre la falta de un estudio de impacto ambiental en las obras de urbanización.

Además, en marzo y abril dos juzgados de Bilbao han amenazado con multar al Ayuntamiento de Mungia por no facilitarle datos completos de las facturas exigidas a los vecinos.

Aunque cuatro juzgados de Bilbao ordenaron, en diciembre pasado, la suspensión del cobro millonario tras los pleitos presentados por una docena de vecinos, en mayo pasado el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco permitió al Ayuntamiento de Mungia dichos cobros.

El tirón de orejas de la Comisión Vasca de Transparencia a Ura se plasma en una resolución del pasado 21 de junio tras una queja de la plataforma vecinal. El acuerdo de la Comisión señala que la asociación pidió varias veces, en enero pasado, información sobre las obras realizadas sin autorización y concluye que Ura “no ha facilitado la información solicitada”. La plataforma vecinal solo tuvo acceso a ese expediente sancionador a través del juzgado que investiga los hechos.

“Resulta patente”, dice la Comisión, “que la información ha llegado a manos de reclamante de modo indirecto” a través del juzgado que investiga el caso “y no directamente de mano de Ura”, por lo que “la reclamación ha de estimarse por motivos formales”.

De nuevo, un tirón de orejas a la administración pública por rehusar información pedida por ciudadanos. Aunque solo tenga un efecto moral, es deseable que estas resoluciones sirvan para que los servidores públicos cumplan las propias leyes que diseñaron. En este caso, la transparencia de todo lo público.