Un nuevo trato de favor con la constructora en el ayuntamiento investigado por malversación

Más sospechas en la operación urbanística del Ayuntamiento guipuzcoano de Aia que benefició a una constructora. El Consistorio aprobó modificar el plan urbanístico del municipal para aumentar la edificabilidad en el inmueble cedido a la constructora. Y el cambio se tramitó tras una solicitud concreta de la empresa.

Como ha informado este blog, la Fiscalía de Gipuzkoa inició en febrero una investigación por posible malversación del Ayuntamiento de Aia: permutó un edificio municipal con una constructora sin informes técnicos económicos que valoraran la información y sin informar a la Diputación, como exige la ley. El coste que paga la constructora es irrisorio: 226.000 euros por un edificio de dos plantas construibles que será derribado para futuras viviendas. Es el segundo caso urbanístico bajo investigación judicial en este pequeño municipio (2.000 habitantes, situado en la costa guipuzcoana, entre Zarautz y Orio) después del casoplón (11 habitaciones y 11 baños) que incumple la ley según el Ararteko y en el que la intervención municipal arroja muchas dudas.

La investigación iniciada el pasado mes por la Fiscalía se centra en la sospechosa operación urbanística acometida en el municipio. Se trata de dos enajenaciones: la construcción de la nueva escuela y un supermercado para una cooperativa del pueblo y un edificio donde se ubicaba el supermercado, propiedad de esa cooperativa. La operación consiste en que una constructora, Murias, se encarga de edificar la nueva escuela y el supermercado y, a cambio, como pago, se le cede el otro edificio (construible de dos plantas) para su posterior derribo y edificación de viviendas.

La denuncia que investiga la Fiscalía, presentada el pasado 19 de enero por el grupo municipal de EH Bildu de Aia, señala que no existe ningún proceso de adjudicación de la enajenación del edificio que se vende a la constructora ni una valoración técnica-económica del nuevo local construido para la escuela y el supermercado. El secretario municipal, agrega la demanda, reconoció que no existía ninguna valoración en una reunión celebrada en agosto. Posteriormente, el pasado 6 de octubre la alcaldesa de Aia, Nekane Arrizabalaga (PNV), aporta una valoración técnica pero sin firma ni datos de su procedencia.

Tampoco consta que la operación se haya comunicado a la Diputación de Gipuzkoa, como establece el reglamento de bienes de las entidades locales de 1986, en su artículo 109: «Los bienes inmuebles patrimoniales no podrán enajenarse, gravarse ni permutarse sin autorización del órgano competente de la Comunidad Autónoma [en Euskadi son las diputaciones], cuando su valor exceda del 25 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto anual de la Corporación. No obstante, se dará cuenta al órgano competente de la Comunidad Autónoma de toda enajenación de bienes inmuebles que se produzca». En el expediente no consta ningún documento que acredite la oportunidad de la enajenación.

La única comunicación escrita del Ayuntamiento sobre este asunto es del pasado noviembre, cuando la alcaldesa responde a las preguntas formuladas casi tres meses antes por EH Bildu.  Sostiene que la valoración económica no la ha realizado ningún perito sino los «servicios jurídicos y económicos» del Consistorio.

Las sospechas se incrementan por la mayor edificabilidad del edificio ahora propiedad de la constructora. Hasta ahora en el municipio de Aia estaba prohibido edificar un nuevo piso bajo cubierta de forma independiente. El ayuntamiento elaboró el pasado año un nuevo documento (ver la página 9)  que elimina ese supuesto y aumenta la edificabilidad. Justo lo que beneficia a la constructora Murias con el inmueble permutado. Y fue un cambio solicitado por la empresa al ayuntamiento, como lo ha reconocido en privado, confirman fuentes próximas al consistorio.

El pleno de Aia aprobó la modificación, el pasado 22 de marzo, con los votos del PNV (7 ediles) y el rechazo de EB Bildu (4 concejales), que justificó su oposición por beneficiar «el interés particular» de la constructora. La alcaldesa contestó que, además de la constructora, hubo «más peticiones de los vecinos» para ese cambio de edificabilidad.

Otro dato más para la investigación de la Fiscalía, que ya pidió al Ayuntamiento de Aia la copia completa del expediente administrativo de esta operación urbanística así como un informe escrito de valor del edificio enajenado y cómo se determinó dicho valor. 

De momento, el derribo del edificio propiedad de constructora para erigir los nuevos pisos se ha retrasado. ¿Será por la investigación de la Fiscalía? Estaba previsto esta primavera pero el ayuntamiento, que no lo ha comunicado públicamente, baraja la concesión del permiso de derribo en septiembre.

Impulsar una permuta sin aportar la valoración económica de los dos inmuebles. Cuando te piden aclaraciones, aportas un documento de valoración sin firma y con una cantidad claramente inferior al beneficio que va a obtener la constructora.  Sin el aval de la Diputación de Gipuzkoa, como exige la ley. Y a todo ello se une que la constructora pida aumentar la edificabilidad y el ayuntamiento cambie el planeamiento urbanístico para atender su solicitud.  El interés privado parece sobrepasar claramente al general.