El Gobierno vasco recuperará su poder urbanístico en la reserva de la biosfera de Urdaibai

El Gobierno vasco volverá a recuperar su poder de decisión en el urbanismo de la reserva de la biosfera de Urdaibai. El nuevo plan de protección de esta área, que sustituirá al aprobado solo hace dos años y medio, restringe la capacidad de los ayuntamientos de conceder permisos en actuaciones urbanísticas, uno de los cambios más significativos que se introdujeron en el plan ahora vigente.

El Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco, dirigido por el socialista Iñaki Arriola, ha trasladado hace dos semanas a los grupos sociales de Urdaibai un documento con los cambios, pergeñados tras año y medio de trabajos.

Desde su aprobación en 1993, el llamado Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) de Urdaibai se ha mantenido prácticamente inalterable durante 23 años. En 2016, solo dos días después de las elecciones autonómicas y con un ejecutivo interino, el entonces Gobierno vasco monocolor del PNV aprobó por decreto un nuevo plan de protección que nació cojo.

Suscitó el rechazo de casi todos los partidos y colectivos del Patronato de Urdaibai, el órgano que gestiona la reserva de la biosfera. Tuvo 11 votos a favor y siete en contra. Solo contó con el aval del PNV mientras que el resto de representantes en el Patronato votaron en contra, entre ellos los ayuntamientos gobernados por Bildu, ecologistas, un representante del Parlamento vasco, la Demarcación de Costas del País Vasco (dependiente del Gobierno central), el Consejo de Cooperación (que agrupa a una docena de grupos sociales y culturales de la comarca) y la asociación de forestalistas, un grupo siempre cercano a los peneuvistas. La UPV, que iba a votar en contra, no acudió a la reunión.

Esa merma de apoyo llevó a movilizarse a los colectivos sociales, que se agruparon en la plataforma Urdaibaietz, integrada por Ekologistak Martxan, Taller de Ecología de Gernika, Txipio Bai, Zain Dezagun Urdaibai y ciudadanos particulares. Presentaron denuncias en los tribunales y finalmente el Parlamento acordó, en junio de 2017, el proceso de elaboración de una nueva normativa.

El Departamento de Medio Ambiente presentó hace dos semanas a los grupos de la comarca un documento explicativo de los cambios. El principal cambio es la mayor protección del suelo no urbanizable, que en el actual plan permite a los ayuntamientos reducir su superficie para que puedan desarrollar actuaciones urbanísticas.

Durante 23 años, los vecinos de Urdaibai han tenido que solicitar al menos dos permisos (uno a su ayuntamiento y otro al Patronato de Urdaibai) para cualquier actuación, desde una simple chabola o vallado hasta la construcción de una vivienda. Dos informes vinculantes hasta ahora. En el anterior plan de protección, se regulaba en el artículo 130 la necesidad del informe «preceptivo» del Patronato, que, como la práctica lo establecía, era vinculante. En el actual plan, aparece, en el artículo 5.1.2, la asertación de que esos informes tendrán «la consideración de preceptivos y no vinculantes». Un sutil cambio que deja en manos de los ayuntamientos la concesión de licencias y que, según han denunciado los ecologistas, “es poner al zorro a cuidar el gallinero». Y es que en estas dos últimas décadas se han detectado una docena de casos de chalets ilegales, construidos a espaldas del Patronato de Urdaibai y con el único amparo de los municipios. Incluso persiste la situación de una vivienda unifamiliar ilegal desde hace 17 años en la localidad de Mendata, que fue el primer caso en que el Gobierno vasco llevó a los tribunales a un ayuntamiento por incumplir la ley de Urdaibai.

El documento preparado por el Gobierno elimina los llamados planes especiales que posibilitan a los ayuntamientos a actuar fuera de los suelos urbanos establecidos en el planeamiento y solo permite su aplicación, cuando la ley lo requiere, siempre que pasen por el filtro del Patronato de Urdaibai.

Los grupos sociales de la comarca ya han trasladado sus alegaciones al Departamento de Medio Ambiente, en las que piden medidas más estrictas de protección. Plantean además elaborar un nuevo PRUG, en vez de modificarlo, y, entre otras cuestiones, no permitir edificaciones existentes sin garantizar que eran legales ante de aprobase la ley de Urdaibai, o evitar un “PRUG a la carta de vecinos que quieren construir””.

El PNV mantiene, sin embargo, su rechazo a estos cambios. Cuando el Parlamento vasco acordó en junio de 2017 iniciar el cambio del plan, votó a favor pero tres semanas después los representantes peneuvistas en el Patronato de Urdaibai votaron en contra.

En los 26 años desde que se aprobó el plan de protección de Urdaibai por parte del Gobierno, no se ha podido desarrollar ningún plan económico, que es el otro pilar fundamental de una reserva de la biosfera. El resultado es que la comarca se ha quedado casi sin tejido industrial, al perder más de 4.000 empleos en estas tres décadas. La bronca entre el Gobierno vasco y la Diputación vizcaína, que históricamente ha defendido a los ayuntamientos en sus planes urbanísticos, llegó a la amenaza de la institución foral en los 90 con romper la ley de Urdaibai en la mayor crisis vivida hasta ahora. Durante cuatro años, entre 2008 y 2012, ni siquiera hubo director-conservador, la figura clave en cualquier reserva de la biosfera. Es la única comarca de toda Euskadi sin un plan integral de saneamiento tras haberse gastado más de 155 millones.

Ahora el documento preparado por el Departamento de Medio Ambiente recupera el poder en el área urbanística para el Gobierno vasco frente a la Diputación vizcaína y los ayuntamientos. Pero visto lo ocurrido en estas casi tres décadas, es difícil predecir qué ocurrirá en la única reserva de la biosfera de Euskadi, cuyo desarrollo está lastrado por los intereses económicos y urbanísticos.