El juez ordena que prosiga la investigación del polémico plan urbanístico de Mungia tras rechazar las quejas del Ayuntamiento

El juez de Bilbao que investiga la falta de estudio de impacto ambiental y el sobreprecio en el polémico plan urbanístico en Mungia (el proyecto de Larrabizker) ha ordenado que prosigan las indagaciones: ha rechazado las quejas del Ayuntamiento sobre cuestiones formales que buscaban el archivo del caso.

Este proyecto ha suscitado una fuerte protesta, ya que el Ayuntamiento de Mungia impone el pago de más de 2,1 millones de euros a más de medio centenar de propietarios en las cargas de urbanización.

Como ha informado este blog, los costes urbanísticos suponen una media de 42.000 euros por vecino, aunque en nueve casos se exigen pagos de 50.000 euros e incluso a alguno de ellos la cantidad se eleva a 112.000 euros. Pero es que a 20 propietarios de las viviendas más nuevas (unos chalets adosados) solo se les impone un pago de alrededor de 600 euros por cada inmueble.

Desde hace 10 años, los propietarios de una urbanización en las afueras de la localidad vizcaína de Mungia viven en la angustia. El Ayuntamiento les exige el pago de cerca de más de 2,1 millones de euros en cargas urbanísticas que los vecinos consideran ilegales. El Tribunal Supremo investiga desde el pasado año (abrió diligencias el 10 de diciembre de 2018) si es legal o no la pretensión del Consistorio, que ha mantenido oculta durante años esta petición económica. El Supremo indaga sobre la caducidad del expediente. De confirmarse,  tumbaría el proyecto urbanístico en este barrio de Mungia.

Esta historia se sitúa en el barrio de Larrabizker, una zona de 11 hectáreas de caseríos y chalés, en la que se empezó a edificar en los años 70. En los 80, el ayuntamiento ya clasificó estos suelos como urbanizables en las normas subsidiarias y la Diputación de Bizkaia publicó en el Boletín Oficial del territorio de 1996 la reclasificación  del área como urbana, una catalogación que exime a ese suelo del pago por cargas urbanísticas.

Pero el Ayuntamiento de Mungia acometió en 2009 una modificación de las normas subsidiarias que afectan al barrio, que se publicó en el Boletín Oficial del 9 de abril de ese año. Aquí aparece una de las irregularidades, ya que en esa publicación no se hacía referencia alguna a ninguna carga urbanística. El hecho es que ya estaba diseñando una nueva urbanización en un suelo adyacente (otras 25 hectáreas, con 437 viviendas) con la idea de que, al ser urbanizable, los costes urbanísticos se repartieran entre la nueva superficie y la de las 59 parcelas de las edificaciones ya existentes.

La publicación incompleta de esa modificación se mantuvo inalterable durante cuatro años. En 2013, en el Boletín Oficial de Bizkaia del 8 de marzo, ya se incluye un apartado de cargas de urbanización (ver artículo 36 del boletín), en el que se fija el pago del 11,50 de los costes, un apartado que no aparecía por ningún lado en 2009. El 88,50% sería abonado por la nueva urbanización. Pero esta cantidad se ha incrementado hasta un porcentaje del 19,14%, con lo que los 1,5 millones de cargas que aparecían en el proyecto inicial han subido hasta los 2,1 millones, incluidos los gastos generales y el IVA.

La demanda -presentada el pasado 31 de enero y que está ya bajo investigación, desde el 3 de febrero, por parte del juzgado de lo contencioso administrativo número 5 de Bilbao– incide este sobreprecio, al señalar que “incumple el porcentaje del 11,50% garantizado para los propietarios del suelo urbano en el vigente planeamiento urbanístico general de Mungia”.

Además, los demandantes aluden a la falta del estudio de impacto ambiental en las obras de urbanización “que afectan a 36 hectáreas de suelo muchas de las cuales son de naturaleza rústica, soporte de diversos hábitats de especies arbóreas y llegan a afectar a zonas ambientalmente sensibles”. Agregan que solo se ha sometido a informe de evaluación ambiental la modificación de las normas subsidiarias pero “no el proyecto de obras como tal”.

El Ayuntamiento de Mungia ha tratado de parar la investigación judicial por dos cuestiones formales: la falta de habilitación del presidente de los vecinos afectados para presentar la demanda y que la denuncia se refiere a decisiones anteriores que no fueron cuestionadas.

El titular del juzgado de lo contencioso administrativo 5 de Bilbao afirma, en un auto dictado el pasado 12 de mayo, que el presidente tiene “la representación legal” de la asociación para presentar demandas. Sobre la segunda cuestión, asegura que “el Ayuntamiento confunde actos confirmatorios o que reproducen otros anteriores, con motivaciones idénticas en ambos actos” y que su petición de archivo por motivos formales “es desconocer el derecho a la tutela judicial efectiva y el control de la acción de la Administración por parte de los tribunales de justicia”.

Por ello, “no habiendo prosperado ninguna de las causa de inadmisibilidad alegadas, procede la continuación del procedimiento por su cauces legales”, concluye.

El Ayuntamiento de Mungia recibe un varapalo en su intento de archivar la denuncia de este polémico proyecto urbanístico con muchos puntos oscuros. Primero, obligar al pago de unos costes de urbanización a vecinos que estaban en un suelo urbano. Segundo, la arbitrariedad de estos pagos: es difícilmente justificable que algunos paguen 600 euros y otros muchos, 20.000, 40.000 o incluso 112.000 euros. Y todo ello sin contar con el obligatorio estudio de impacto ambiental.