Un juzgado de Azpeitia rechaza proseguir la investigación penal del casoplón de 11 baños

Un juzgado de Azpeitia ha rechazado, después de nueve meses sin tomar una decisión, proseguir la investigación penal del polémico casoplón de Aia, (Gipuzkoa) de 11 habitaciones y 11 baños construido por la familia de una ex concejal del PNV de Zarautz que incumple la ley de Suelo. El juzgado de instrucción número 2 de Azpeitia desestima la petición de los denunciantes sobre la licencia concedida por el Ayuntamiento de Zarautz en 2015 para la acometida de agua del casoplón. Dicho permiso se tramitó sin contar con la licencia de primera ocupación, como obliga la ley vasca del Suelo, un documento que no ha aparecido en todos estos años: ni en el expediente urbanístico ni en la documentación judicial del caso. Un escrito “fantasma”, como ha publicado este blog, que ha salido recientemente a la luz fechado en noviembre de 2017 por parte del Ayuntamiento de Aia, la localidad donde se ubica el casoplón.

El caso seguirá, sin embargo, otra vía judicial, la del contencioso-administrativo, que quedó paralizada al existir la investigación penal.

El juzgado de Azpeitia, que ha tenido parada desde diciembre pasado la apertura de una nueva investigación sobre esta polémica edificación, ha desestimado la petición de la Federación Guipuzcoana de los Deportes Aéreos (la entidad denunciante), que considera ilegal la licencia del agua e implica al alcalde de Zarautz, Xabier Txurruka (PNV), y un técnico municipal de Urbanismo.

En esta nueva demanda, se pedía la reapertura de la investigación archivada por el juzgado de Azpeitia en noviembre pasado sobre la ejecución de las obras de urbanización sin permiso y por el que el juzgado llegó a imputar a cinco personas: el ex alcalde de Aia, dos técnicos y dos miembros de la familia promotora del casoplón. Pero, al expirar los plazos, la investigación se archivó sin practicar ninguna diligencia.

La denuncia sobre el permiso del agua se presentó el 13 de diciembre y la investigación debía haberse abierto de manera inmediata. Pero hasta un mes después, el titular del juzgado número 1 de Azpeitia, Adrián Cámara, no actuó y entonces pidió a la Fiscalía que emitiese su opinión sobre la nueva investigación. Llegó el 13 de marzo sin noticias y la paralización de la actividad judicial debido a la pandemia del coronavirus.

 El fiscal de Gipuzkoa, Tomás Calvete, elaboró un escrito, con fecha del pasado 19 de marzo, en el que señalaba que la demanda sobre el permiso de agua aborda un “diferente delito y personas también diferentes a las hasta ahora investigadas”.  Por ello consideraba que “no procede su acumulación” para reabrir la investigación de las obras de urbanización. El fiscal no comentaba nada sobre si hay que investigar, en cualquier caso, el permiso de la acometida del agua.

El propio ayuntamiento de Zarautz, en un informe de un técnico municipal fechado el 8 de junio de 2015, reconoce que es necesaria esa licencia, como establece el artículo 214 de la ley vasca del Suelo. Pero el consistorio otorgó el permiso del agua el 17 de agosto de 2015 sin dicha licencia de primera ocupación.

El escrito de rechazo del fiscal chocaba con el emitido por el mismo órgano en octubre pasado sobre la investigación de la urbanización del palacete. La entonces titular de la Fiscalía de Gipuzkoa, Marta Sánchez, en un escrito fechado el pasado 31 de octubre, pidió al juzgado de una interpretación “flexibilizadora” de la ley para “garantizar el ejercicio de la acción penal e impedir que el procedimiento penal pueda frustrarse indebidamente”. Pero no le hicieron caso y archivaron esa instrucción judicial.

Ahora, el juzgado número 2 de Azpeitia, en un auto dictado el pasado 19 de agosto, ha confirmado el archivo con el argumento de que los plazos de instrucción han expirado y, por ello, “la imposibilidad de practicar nuevas diligencias de investigación”.

El caso del casoplón de 11 baños es investigado desde hace más de cinco años en la vía penal (un tercer tribunal tiene abierta otra investigación en la vía contencioso-administrativa) por dos juzgados de Azpeitia. El juzgado número 1 abrió diligencias en 2015 por dos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio tras una denuncia de la Federación Guipuzcoana de los Deportes Aéreos, que desde hace más de 25 años utiliza el paraje donde se asienta el palacete para la práctica del parapente.

La demanda se basaba en que la familia de la ex concejal de Urbanismo y Obras en Zarautz, Maite Garrastazu (estuvo en el cargo la anterior legislatura), aprovechó un caserío en ruinas para ejecutar una nueva edificación en una ubicación diferente; la superficie se duplicó (567metros cuadrados frente a los 309 del antiguo caserío, y la a planta del palacete es 2,5 veces mayor: 469 metros cuadrados frente a 183) y se asienta en un área rural de especial protección y en un corredor ecológico, donde habita una pareja de halcones peregrino. El proyecto tenía un informe contrario del Ararteko que concluyó que, al tratarse de un suelo no urbanizable de especial protección, “solo cabe autorizar las obras de reconstrucción de caseríos existentes” en casos excepcionales y la ley de suelo “no permite el cambio de ubicación”.

Apenas un año después, en mayo de 2016, el juzgado de instrucción número 1 de Azpeitia decretó el archivo provisional del caso: no veía ni prevaricación ni delito contra la ordenación. Consideraba legal la licencia, aunque, en su auto, pasaba por encima los dos elementos claves del caso: el cambio de ubicación del casoplón de 11 baños y que se trate de una nueva edificación.

Pero el casoplón estaba investigado igualmente desde marzo de 2017 por el juzgado de instrucción número 2 de Azpeitia por irregularidades en las obras de urbanización: se acometieron sin licencia municipal  como reconoció el propio ayuntamiento de Aia.

La titular del juzgado de instrucción número 2 de Azpeitia, María de Blas, en un auto dictado el 4 de diciembre de 2018, llegó a citar como imputados por indicios de delito en las obras de urbanización  al ex alcalde de Aia y ahora concejal en el municipio Igor Iturain (PNV), el arquitecto Gaizka Perosterena, el aparejador Mikel Iradi y dos miembros de la familia promotora del casoplón, Elisabeth Garrastazu y María Garrastazu. La toma de declaraciones de los cinco se había fijado para el 11 de marzo del pasado año.

Pero, debido a la inacción judicial, los plazos fijados expiraron y se anuló la toma de los testimonios. Con esa situación, el actual titular del juzgado de instrucción número 2 de Azpeitia  (el tercero que se ha encontrado con el caso tras la salida de la juez María de Blas y su sustituta Arantzazu Brizuela), Adrián Camara, archivó de forma provisional la denuncia, en un auto dictado el pasado 28 de noviembre, con el argumento de que “no se ha practicado ninguna diligencia de investigación efectiva tendente al esclarecimiento de los hechos objeto de denuncia, a la identificación de las personas que en él hayan participado y el órgano competente para su enjuiciamiento”.

Sorprende que el juzgado de Azpeitia archive (tras nueve meses sin adoptar decisión alguna) la apertura de una nueva investigación del polémico casoplón de 11 habitaciones y 11 baños en Aia (Gipuzkoa) con el argumento de que los plazos de instrucción han finalizado y no se ha practicado ninguna diligencia (algo que por cierto debería sonrojar a los responsables de ese desaguisado). ¿Dónde queda la ley de enjuiciamiento criminal que permite reabrir una investigación archivada cuando aparecen nuevos datos con indicios de ilegalidad? Que alguien me lo explique.