casoplon 11 baños

Un juez de Azpeitia tiene paralizada más de tres meses una nueva investigación del casoplón de 11 baños

Un juzgado de Azpeitia tiene paralizada desde hace más de tres meses la apertura de una nueva investigación sobre el polémico casoplón de Aia, (Gipuzkoa) de 11 habitaciones y 11 baños construido por la familia de una ex concejal del PNV de Zarautz que incumple la ley de Suelo. Es una decisión poco habitual, ya que los jueces abren diligencias en cuánto reciben una denuncia sobre un hecho. En este caso, se trata de una nueva demanda sobre la licencia concedida por el Ayuntamiento de Zarautz para la acometida de agua del casoplón, que la Federación Guipuzcoana de los Deportes Aéreos (la entidad denunciante) considera que es ilegal y que implica al alcalde de Zarautz, Xabier Txurruka (PNV), y un técnico municipal de Urbanismo.

La demanda se presentó el 13 de diciembre y la investigación debía haberse abierto de manera inmediata. Pero hasta un mes después, el titular del juzgado número 1 de Azpeitia, Adrián Cámara, no actuó y entonces pidió a la Fiscalía que emitiese su opinión sobre la nueva investigación.

El caso del casoplón de 11 baños es investigado desde hace cinco años en la vía penal (un tercer tribunal tiene abierta otra investigación en la vía contencioso-administrativa) por dos juzgados de Azpeitia. El juzgado número 1 abrió diligencias en 2015 por dos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio tras una denuncia de la Federación Guipuzcoana de los Deportes Aéreos, que desde hace más de 25 años utiliza el paraje donde se asienta el palacete para la práctica del parapente.

La demanda se basaba en que la familia de la ex concejal de Urbanismo y Obras en Zarautz, Maite Garrastazu (estuvo en el cargo la anterior legislatura), aprovechó un caserío en ruinas para ejecutar una nueva edificación en una ubicación diferente; la superficie se duplicó (567metros cuadrados frente a los 309 del antiguo caserío, y la a planta del palacete es 2,5 veces mayor: 469 metros cuadrados frente a 183) y se asienta en un área rural de especial protección y en un corredor ecológico, donde habita una pareja de halcones peregrino. El proyecto tenía un informe contrario del Ararteko que concluyó que, al tratarse de un suelo no urbanizable de especial protección, “solo cabe autorizar las obras de reconstrucción de caseríos existentes” en casos excepcionales y la ley de suelo “no permite el cambio de ubicación”.

Apenas un año después, en mayo de 2016, el juzgado de instrucción número 1 de Azpeitia decretó el archivo provisional del caso: no veía ni prevaricación ni delito contra la ordenación. Consideraba legal la licencia, aunque, en su auto, pasaba por encima los dos elementos claves del caso: el cambio de ubicación del casoplón de 11 baños y que se trate de una nueva edificación. El auto fue recurrido por los denunciantes ante la Audiencia de Gipuzkoa, que en una sentencia dictada el 4 de julio de 2018 por la Sección Tercera, se ratificó el archivo provisional al considerar que “no es una intervención constructiva de nueva planta” sino una “una intervención constructiva de sustitución”.

Pero el casoplón estaba investigado igualmente desde marzo de 2017 por el juzgado de instrucción número 2 de Azpeitia por irregularidades en las obras de urbanización: se acometieron sin licencia municipal  como reconoció el propio ayuntamiento de Aia. El consistorio abrió un expediente sancionador en el verano de 2016 y lo resolvió en febrero de 2017 de manera rocambolesca: sin practicar ninguna prueba convirtió el expediente sancionador en una orden de ejecución, en la que, incumpliendo la ley vasca de Suelo, calificó el tipo de sanción y cambió al instructor del expediente.

La titular del juzgado de instrucción número 2 de Azpeitia, María de Blas, decidió por vez primera intervenir activamente y, en un auto dictado el 4 de diciembre de 2018, citó como imputados por indicios de delito en las obras de urbanización  al ex alcalde de Aia y ahora concejal en el municipio Igor Iturain (PNV), el arquitecto Gaizka Perosterena, el aparejador Mikel Iradi y dos miembros de la familia promotora del casoplón, Elisabeth Garrastazu y María Garrastazu. La toma de declaraciones de los cinco se había fijado para el 11 de marzo del pasado año.

Los afectados recurrieron exponiendo diversas objeciones, entre ellas que el plazo de la instrucción había finalizado dos meses antes, en septiembre de 2018. Los recursos pasaron a ser examinados por la Audiencia de Gipuzkoa (y el juzgado suspendió las declaraciones cuatro días antes de la fecha fijada), que el pasado 24 de septiembre dictó un auto en el que anula la toma de los testimonios.

La Audiencia guipuzcoana señaló que la jueza María de Blas podía haber solicitado la ampliación de la instrucción judicial en septiembre de 2018, cuando concluía el plazo fijado.

Con esa anulación, el actual titular del juzgado de instrucción número 2 de Azpeitia  (el tercero que se ha encontrado con el caso tras la salida de la juez María de Blas y su sustituta Arantzazu Brizuela), Adrián Camara, archivó de forma provisional la denuncia,  en un auto dictado el pasado 28 de noviembre, con el argumento de que “no se ha practicado ninguna diligencia de investigación efectiva tendente al esclarecimiento de los hechos objeto de denuncia, a la identificación de las personas que en él hayan participado y el órgano competente para su enjuiciamiento.

Los demandantes, con este archivo, presentaron el 13 de diciembre la nueva denuncia al apreciar más irregularidades. En concreto, la concesión en agosto de 2015 por parte del Ayuntamiento de Zarautz de una licencia de acometida de agua para el casoplón de 11 baños. Afirman que es ilegal por tratarse de un suelo no urbanizable “y no menciona ninguna de las exigencias propias de una actuación en un Suelo No Urbanizable de Especial Protección”, además de carecer de la preceptiva licencia de primera ocupación del palacete. Piden la ampliación de las pesquisas (con la toma de declaración del alcalde y el técnico de Zarautz) y la reapertura de la investigación archivada en noviembre, como se contempla en la legislación judicial.

En la denuncia, se incide que el técnico de Urbanismo de Zarautz que realiza el informe contradice uno de los principales argumentos de defensa del casoplón de 11 baños: “La actual solicitud (de licencia para la acometida de agua) es para un nuevo edificio en construcción que al parecer no se corresponde con el antiguo caserío”. En cambio, los autos judiciales que han ido archivando el caso han hablado de que se trata de la “sustitución” de un caserío.

El juez de Azpeitia, tras recibir la demanda, no ha adoptado la decisión de abrir la investigación y únicamente dictó una providencia el pasado 15 de enero en la que remite la demanda a la Fiscalía para que “informe sobre la reapertura de las actuaciones y la ampliación de la denuncia”. Hasta ahora, más de tres meses después, no se ha comunicado la toma de ninguna decisión.

Estamos ante una nueva anomalía en un caso con importantes indicios de irregularidades (la construcción de un palacete de 11 habitaciones y 11 baños en una ubicación diferente al caserío existente y duplicando la superficie en una zona de especial protección, con la urbanización acometida sin licencia). Primero se archivó, no por la inexistencia de delitos, sino porque se ha pasado el plazo sin practicar ninguna diligencia por parte de una juez….en casi tres años. Y ahora aparecen nuevas supuestas irregularidades para reabrir y ampliar las pesquisas, pero el juez lleva tres meses sin tomar una decisión que suele adoptarse de manera inmediata. Y luego algunos se extrañan por las críticas a la labor de la Justicia.

3 Comentarios
  • gorka lopategi

    16 marzo, 2020at9:46 am Responder

    Más de lo mismo y la gente no termina por revelarse ante políticos,técnicos municipales corruptos curiosamente del pene V y jueces probablemente de lo mismo.
    Vasquitos y vasquitas sumisos borreguitos del poder

  • Luis Solaun ARECHAEDERRA

    20 marzo, 2020at10:33 pm Responder

    Gracias por aceptar mi amistad. Soy Concejal del Ayuntamiento de Mungia y apoyo a los perjudicados en el caso LARRABIZKER, al que tu has dedicado una magnífica investigación.
    Soy del partido CIVICA MONTE BERRIAGA y te sigo en tus causas,
    Cuenta conmigo si lo estimas necesario.
    Un abrazo.

    • Alberto

      20 marzo, 2020at10:46 pm Responder

      Encantado Luis de que sigas mi trabajo. Hablamos cuando quieras. saludos

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