La arbitraria designación de los secretarios municipales en Euskadi

La designación de secretarios municipales en Euskadi es arbitraria y escasamente imparcial. La gran mayoría no son plazas fijas y los ayuntamientos optan por concursos que requieren un plazo de seis meses, en vez de acudir al propio Gobierno vasco, que resuelve la contratación en una semana.

La elección de secretarios e interventores es clave en el funcionamiento de un ayuntamiento, ya que son los garantes de la legalidad en los municipios y la llave para evitar desmanes y corruptelas. El caso de la exsecretaria municipal de la localidad vizcaína de Iurreta, destituida por la Diputación de Bizkaia tras denunciar irregularidades en la gestión del Consistorio, ha destapado las anomalías en la designación de estos cargos públicos.

Un juzgado de Durango investiga ya al alcalde de Iurreta Iñaki Totorikaguena (PNV) de cuatro delitos diferentes (prevaricación, coacciones, contra la integridad moral y lesiones) y a la interventora municipal, Leire Morejón, por acoso laboral a empleados del ayuntamiento. La denuncia revela que el alcalde comunicó a principios de octubre a toda la plantilla, un mes antes de hacerse efectivo el cese de la secretaria municipal, que no se le diera trabajo mediante un mensaje telefónico y en día festivo por la noche; la ocultación de los contratos menores que se adjudicaban en el ayuntamiento como el de la hija del arquitecto municipal o situaciones de acoso laboral de la interventora a empleados del ayuntamiento.

La elección de secretarios o interventores municipales, un puesto en teoría solo reservado para funcionarios con habilitación nacional, es garantista sobre el papel. Se articula a través de dos concursos. El primero se llama unitario y se hace a la vez en todo España. En Euskadi, la diferencia es que esa convocatoria se realiza a través de las tres diputaciones forales. Y es un proceso que queda mayoritariamente desierto: el pasado año solo se ha nombrado una secretaria-interventora en Leioa, una interventora en Derio, una secretaria-interventora en Alonsotegi y una secretaria de una Mancomunidad en Tolosa.

Y ello pese a que actualmente hay vacantes más de la mitad de las plazas. En los 251 ayuntamientos vascos, un total de 136 puestos de secretarios e interventores están sin cubrir de manera fija, un porcentaje que en Gipuzkoa llega al 73%. El motivo principal es que en Euskadi se exige el perfil máximo de euskera, lo que descarta a cualquier funcionario de otras zonas españolas. “Y a ello se añade el maltrato histórico que han tenido los funcionarios fuera de Euskadi. Todos prefieren irse a otras comunidades autónomas”, comentan letrados y secretarios que conocen el modelo.

El segundo concurso es el ordinario, que también es convocado por las tres diputaciones, pero a petición de los ayuntamientos. Con tanta plaza vacante, las solicitudes deberían ser numerosas. Pero la realidad es otra, porque los municipios cuentan con trabajadores interinos que llevan en muchos casos 30 años en el puesto. “Quedan muy pocos funcionarios con habilitación nacional que cumplan los perfiles. Los que lo tienen, cuentan con su plaza y no se mueven”. Los ayuntamientos recurren entonces a secretarios accidentales, una solución pensada para situaciones puntuales y de escasa duración, pero que se convierten en puestos estructurales.

En 2015 el Gobierno vasco y las diputaciones decidieron crear un proceso de selección en el Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) con el fin de generar una bolsa de letrados que pudieran acceder a puestos de secretarios e interventores. En esa bolsa, hay 80 personas, pero no es real, ya que la mayoría están trabajando. Este mecanismo del IVAP es el que debiera utilizarse por parte de los ayuntamientos. Es un sistema rápido, ya que en una semana el consistorio puede disponer de su secretario o interventor.

Sin embargo, la práctica va en otra dirección. Los ayuntamientos optan casi siempre por realizar un proceso de selección, que como mínimo requiere un plazo de seis meses. ¿Cuál es la razón? “En la lista del IVAP, puede acceder al puesto alguien no deseado. A través del concurso, se controla mejor la persona que se quiere para el puesto”, señalan las mismas fuentes.

En este modelo, las figuras clave son los jefes de Servicio del área de Relaciones Municipales de las diputaciones, cargos designados a dedo que disponen de toda la información sobre candidatos a secretarios o interventores, y que son los mediadores con los ayuntamientos para designar estos puestos. “Ofrecen la plaza al alcalde correspondiente. Incluso, al interesado en ocuparla le ofrecen por teléfono a qué ayuntamiento quiere ir”.

Hay casos que ilustran esta singular manera de elección. Según relatan fuentes municipales, el ayuntamiento de Billabona quiso contar con su secretario a través del IVAP, pero al día siguiente renunciaron, tras una llamada de la jefa de Servicio de la Diputación, quien instó a convocar un concurso. En Bizkaia, la Diputación pretendió que accediera una persona en concreto al puesto en el ayuntamiento de Galdakao (gobernado por EH Bildu) pero el consistorio se negó y recurrieron al sistema del IVAP.

El control sobre la designación de un secretario municipal o un interventor no es la mejor manera de garantizar el cumplimiento de la ley en los ayuntamientos. El sistema actual, pese a ser garantista sobre el papel, deja la elección en unas cuantas personas y abre la puerta a prescindir de candidatos incómodos para la élite política vasca.