La promotora del polémico plan urbanístico de Mungia lleva a los tribunales al Ayuntamiento

La promotora del polémico plan urbanístico de Larrabizker, con el que se pretende que medio centenar de vecinos abonen más de 2,5 millones de euros en cargas de urbanización para costear otro proyecto. ha denunciado al Ayuntamiento de Mungia en los tribunales. Exige que se le paguen otros casi 300.000 euros por sobrecostes en las obras de urbanización. La demanda ya está en fase de investigación por el juzgado de lo contencioso administrativo 1 de Bilbao.

Las exigencias de la promotora se conocen cuando en octubre pasado el Ayuntamiento de Mungia ya incrementó los costes de las obras en 450.000 euros debido a lo que denominó entonces “circunstancias fácticas”. La decisión supone que estos vecinos tengan que pagar el 23,45% del total de costes y pasa por alto la sentencia de un juzgado de Bilbao, que dictaminó hace ahora un año que solo debían abonar un 11,50%.

Como ha informado este blog, la polémica del plan de Larrabizker reside en que  los costes urbanísticos suponen una media de 42.000 euros por vecino, aunque en nueve casos se exigen pagos de 50.000 euros e incluso a alguno de ellos la cantidad se eleva a 112.000 euros. El asunto de fondo es que los vecinos defienden que sus viviendas están en un área ya catalogada desde hace 26 años como urbana (lo que les exime de cargas urbanísticas), frente al Ayuntamiento y los promotores de una nueva urbanización en los terrenos de al lado, que sostienen que deben pagar por las nuevas cargas.

Es una zona de casi 12 hectáreas de caseríos y chalés, en la que se empezó a edificar en los años 70. En los 80, el ayuntamiento ya clasificó estos suelos como urbanizables en las normas subsidiarias y la Diputación de Bizkaia publicó en el Boletín Oficial del territorio de 1996 la reclasificación del área como urbana, una catalogación que exime a ese suelo del pago por cargas urbanísticas.

Pero el Ayuntamiento de Mungia acometió en 2009 una modificación de las normas subsidiarias que afectan al barrio, que se publicó en el Boletín Oficial del 9 de abril de ese año. Aquí aparece una de las irregularidades, ya que en esa publicación no se hacía referencia alguna a ninguna carga urbanística. El hecho es que ya estaba diseñando una nueva urbanización en un suelo adyacente (otras 24 hectáreas, con 437 viviendas) con la idea de que, al ser urbanizable, los costes urbanísticos se repartieran entre la nueva superficie y la de las 59 parcelas de las edificaciones ya existentes.

La publicación incompleta de esa modificación se mantuvo inalterable durante cuatro años. En 2013, en el Boletín Oficial de Bizkaia del 8 de marzo, aparece un apartado de cargas de urbanización (ver artículo 36 del boletín), en el que se fija el pago del 11,50 de los costes, un dato que no estaba por ningún lado en 2009. El 88,50% sería abonado por la nueva urbanización. Pero esa cantidad se incrementó posteriormente hasta un porcentaje del 19,14%, con lo que los 1,5 millones de cargas que aparecían en el proyecto inicial subieron hasta los 2,1 millones, incluidos los gastos generales y el IVA. Y el pasado año, el Consistorio ( a través de un decreto de alcaldía del pasado 5 de octubre),  no solo rebaja las cargas del 19 al 11%, como exigía la sentencia judicial, sino que las incrementa al 23,45% por sobrecostes. Unos gastos que no se aplican a las obras del resto del proyecto, las 24 hectáreas de la nueva urbanización, que mantiene inalterables sus gastos y ve así reducida su carga total del 80% al 76%.

En el último año, el ayuntamiento ha recibido dos varapalos judiciales. Primero, el juzgado de lo contencioso número 5 de Bilbao anuló el proyecto de urbanización por incrementar casi el doble los pagos y la falta de información pública, Y en diciembre pasado, anuló el cobro de las cuotas al contravenir la propia normativa urbanística municipal, que fija el porcentaje máximo de los abonos en el 11%.

Pese a ello, los promotores del proyecto han exigido el cobro de más dinero. Solo ocho días después de que el Ayuntamiento aprobara el incremento de los costes en 400.000 euros, enviaron un escrito al Consistorio, fechado el 13 de octubre, pidiendo el aumento del presupuesto en más de 290.000 euros.

El Ayuntamiento lo rechazó. En un escrito firmado por un técnico municipal el 7 de noviembre, considera “improcedente” el incremento de los costes ya que el Ayuntamiento ya “está tramitando la modificación del proyecto de obras”, en referencia a los casi 400.000 euros de sobrecostes aprobados por el consistorio.

La respuesta ha llevado a los promotores del polémico plan de Larrabizker a presentar una demanda en los tribunales. Desde marzo, el juzgado de lo contencioso número 1 de Blbao ha iniciado una investigación, con lo que el caso abre un nuevo frente judicial.

Mientras, las obras prosiguen sin freno y ya están terminadas un centenar de las 437 viviendas proyectadas.

La Justicia tendrá que intervenir de nuevo en el polémico proyecto urbanístico de Larrabizker. Después de que los vecinos hayan logrado dos sentencias favorables que han anulado el proyecto de urbanización y las millonarias cuotas que el Consistorio intenta cobrar desde 2020, ahora es la empresa la que demanda al Ayuntamiento exigiendo más dinero. Más lío en este culebrón donde hay demasiadas irregularidades.