El juez que investiga el casoplón de 11 baños exige los certificados de legalidad del palacete

El juez que investiga el polémico casoplón de Aia, (Gipuzkoa) de 11 habitaciones y 11 baños construido por la familia de una ex concejal del PNV de Zarautz que incumple la ley de Suelo ha exigido los certificados de legalidad del palacete. El juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de San Sebastián, que reactivó este caso en octubre, ha pedido al Ayuntamiento de Aia cuatro certificados referidos a la construcción y las obras de urbanización del casoplón. Se trata de la primera actuación judicial desde la reactivación de la instrucción hace cuatro meses.

El juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de San Sebastián es el primero que inició las indagaciones del polémico casoplón hace ya casi seis años, pero las paralizó al entrar el caso en la vía penal. Una vez que las investigaciones penales hayan quedado archivadas de forma provisional (un juzgado de Azpeitia sobreseyó el caso sin practicar ninguna prueba pese a imputar a cinco personas, entre ellas el ex alcalde de Aia y ahora concejal en el municipio Igor Iturain), el juzgado de lo contencioso ha decidido retomar este polémico caso.

La demanda se presentó en 2015 por la Federación Guipuzcoana de los Deportes Aéreos, que desde hace más de 25 años utiliza el paraje donde se asienta el palacete para la práctica del parapente. Se basa en que la familia de la ex concejal de Urbanismo y Obras en Zarautz, Maite Garrastazu (estuvo en el cargo la anterior legislatura), aprovechó un caserío en ruinas para ejecutar una nueva edificación en una ubicación diferente; la superficie se duplicó (567metros cuadrados frente a los 309 del antiguo caserío, y la a planta del palacete es 2,5 veces mayor: 469 metros cuadrados frente a 183) y se asienta en un área rural de especial protección y en un corredor ecológico, donde habita una pareja de halcones peregrino. El proyecto tenía un informe contrario del Ararteko que concluyó que, al tratarse de un suelo no urbanizable de especial protección, “solo cabe autorizar las obras de reconstrucción de caseríos existentes” en casos excepcionales y la ley de suelo “no permite el cambio de ubicación”.

Además, la Diputación de Gipuzkoa, en un informe firmado el 7 de mayo de 2015 por el jefe de la Sección Técnica del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Diputación de Gipuzkoa, concluía que la Ley del Suelo vasca prohíbe reconstruir caseríos aumentado la edificación y «es evidente que la estructura del edificio en construcción supera claramente el volumen del caserío anteriormente existente». Agregaba que los nuevos edificios residenciales en suelo urbanizable solo se permiten si están adscritos a una explotación agraria pero que «es importante destacar» que la ley del Suelo «indica claramente que no se podrán construir nuevos edificios residenciales en zonas de especial protección».

Durante estos casi seis años, han salido a la luz nuevas irregularidades. La familia Garrastazu acometió obras de urbanización para acceder al palacete sin licencia municipal  como reconoció el propio ayuntamiento de Aia y en un área de especial protección. Por estas irregularidades, un juzgado de Azpeitia, en un auto dictado el 4 de diciembre de 2018, llegó a citar como imputados por indicios de delito en las obras de urbanización al ex alcalde de Aia y ahora concejal en el municipio Igor Iturain (PNV), el arquitecto Gaizka Perosterena, el aparejador Mikel Iradi y dos miembros de la familia promotora del casoplón, Elisabeth Garrastazu y María Garrastazu. La toma de declaraciones de los cinco se había fijado para el 11 de marzo de 2019. Pero, debido a la inacción judicial, los plazos fijados expiraron y se anuló la toma de los testimonios, lo que luego llevó al archivo provisional de la investigación.

Otra anomalía ha sido el permiso de acometida del agua, concedida por el Ayuntamiento de Zarautz (municipio lindante con el de Aia), justo cuando estaba como concejal de Urbanismo Maite Garrastazu, una de las promotoras del casoplón. La Federación Guipuzcoana de los Deportes Aéreos presentó una demanda por ilegalidades en el permiso por tratarse de un suelo no urbanizable, “no mencionar ninguna de las exigencias propias de una actuación en un Suelo No Urbanizable de Especial Protección” y carecer de la preceptiva licencia de primera ocupación del palacete. El juzgado de Azpeitia ni siquiera admitió la apertura de diligencias de investigación.

Sin embargo, otro juzgado de lo contencioso de San Sebastián, el número 2, ha abierto otra investigación por el permiso de la cometida de agua. En un decreto fechado el 22 de septiembre, admitió la denuncia de una concejal de Podemos Equo-Berdeak contra el Ayuntamiento por negarse a indagar sobre la legalidad de dicho permiso.

En la vía contencioso administrativa, la investigación, tanto de la construcción del palacete como sus obras de urbanización, se ha aunado en un único procedimiento, como se refleja en el auto del pasado 6 de octubre . Una resolución que lanzó un rapapolvo al Ayuntamiento de Aia y a los promotores del palacete, que rechazaban unir la investigación de la construcción del palacete y su urbanización. El juzgado reprochó que ahora hablen de que se trate de dos casos diferentes cuando hace tres años tanto el consistorio como la familia Garrastazu se referían a la urbanización como unas “obras complementarias a una edificación residencial que se reconstruye y que forman parte inseparable del proyecto de ejecución de la edificación”.

La última actuación del juzgado de lo contencioso administrativo 1 de San Sebastián ha sido la admisión de las pruebas pedidas tanto por los demandantes como del Ayuntamiento de Aia y la familia Garrastazu. En ellas, exige al secretario municipal de Aia hasta cuatro certificados diferentes que acrediten la legalidad del casoplón. En tres autos dictados el pasado 27 de enero, exige al secretario municipal que emita el documento sobre la clasificación del suelo en el que se ubica el palacete y la urbanización ejecutada, los informes de los técnicos para autorizar la urbanización, la certificación de que estas obras tienen licencia y otro documento sobre si estos trabajos de urbanización han seguido el procedimiento legal.

El Reglamento de Disciplina Urbanística exige, en su artículo 4, que cualquier licencia de obra en un municipio “constará de informe técnico y jurídico”. En el expediente urbanístico de la construcción del casoplón, solo existe un informe técnico (no hay otro jurídico), sin firma, que avala la construcción con el argumento, entre otros, de que la «atípica composición familiar de la familia Garrastazu por numerosa» explica que haya 11 dormitorios. «Es excepcional y ante una situación excepcional se puede y debe haber una interpretación excepcional de la norma”.

De hecho, el expediente se mantuvo oculto durante un año por parte del Ayuntamiento de Aia hasta el punto de que la Fiscalía de Gipuzkoa apercibió, en abril de 2016, al Consistorio de un «delito de desobediencia» por negarse a facilitar el expediente urbanístico tanto por la Ertzaintza como por los demandantes.

El juez de la vía contenciosa que investiga el polémico casoplón de 11 habitaciones y 11 baños en el municipio guipuzcoano de Aia ya ha puesto en un brete al secretario municipal. Le exige los certificados que avalen la legalidad de la construcción y la urbanización en un proyecto con un sinfín de anomalías: se edificó en una zona protegida un caserío nuevo (a 250 metros de otro derruido) argumentando que es una reconstrucción; duplicando la superficie; acometiendo una urbanización sin licencia y con un permiso de acometida del agua bastante dudoso. El caso lleva ya seis años en los juzgados y es hora de que se empiece a esclarecer. Pese a quien pese.