La licencia “fantasma” del casoplón de 11 baños que aparece cinco años después

El caso del polémico casoplón de Aia, (Gipuzkoa) de 11 habitaciones y 11 baños construido por la familia de una ex concejal del PNV de Zarautz que incumple la ley de Suelo suma una irregularidad más. Casi cinco años después se ha conocido la existencia de la llamada licencia de primera ocupación del palacete, un permiso obligatorio por ley para acometer obras auxiliares como la acometida de agua de cuya existencia no se tenía constancia.

Un juzgado de Azpeitia tiene sobre la mesa una nueva demanda sobre la licencia concedida por el Ayuntamiento de Zarautz en 2015 para la acometida de agua del casoplón. Dicho permiso se tramitó sin contar con la licencia de primera ocupación, como obliga la ley vasca del Suelo, un documento que no ha aparecido en todos estos años: ni en el expediente urbanístico ni en la documentación judicial del caso. Y que ahora ha salido a la luz fechado en noviembre de 2017 por parte del Ayuntamiento de Aia, la localidad donde se ubica el casoplón.

Como ya ha informado este blog, un juzgado de Azpeitia tiene paralizada desde hace más de seis meses la apertura de una nueva investigación sobre esta polémica edificación, referida a la licencia de la acometida del agua. La Federación Guipuzcoana de los Deportes Aéreos (la entidad denunciante) considera que es ilegal y que implica al alcalde de Zarautz, Xabier Txurruka (PNV), y un técnico municipal de Urbanismo.

La demanda se presentó el 13 de diciembre y la investigación debía haberse abierto de manera inmediata. Pero hasta un mes después, el titular del juzgado número 1 de Azpeitia, Adrián Cámara, no actuó y entonces pidió a la Fiscalía que emitiese su opinión sobre la nueva investigación. Llegó el 13 de marzo sin noticias y la paralización de la actividad judicial debido a la pandemia del coronavirus. Con la vuelta de los trámites judiciales este mes de junio, se sigue sin conocer nada más.

Los demandantes afirman que el permiso del suministro de agua es ilegal por tratarse de un suelo no urbanizable “y no menciona ninguna de las exigencias propias de una actuación en un Suelo No Urbanizable de Especial Protección”. Pero, además, argumentan que carece de la preceptiva licencia de primera ocupación del palacete.

El propio ayuntamiento de Zarautz, en un informe de un técnico municipal fechado el 8 de junio de 2015, reconoce que es necesaria esa licencia, como establece el artículo 214 de la ley vasca del Suelo. Pero el consistorio otorgó el permiso del agua el 17 de agosto de 2015 sin dicha licencia de primera ocupación.

Este documento “fantasma” acaba de aparecer ahora, a través del Ayuntamiento de Zarautz, tras una queja del grupo de Podemos Equo Berdeak en esta localidad pidiendo anular el permiso de acometida del agua. La licencia de primera ocupación está fechada el 13 de noviembre de 2017, es decir dos años y tres meses después de aprobarse la acometida del agua. Pero el Ayuntamiento de Zarautz, que abordará este tema en el pleno municipal del próximo 30 de junio, ya ha acordado mantener dicho permiso, como refleja un documento municipal del pasado 5 de junio.

El caso del casoplón de 11 baños es investigado desde hace más de cinco años en la vía penal (un tercer tribunal tiene abierta otra investigación en la vía contencioso-administrativa) por dos juzgados de Azpeitia. El juzgado número 1 abrió diligencias en 2015 por dos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio tras una denuncia de la Federación Guipuzcoana de los Deportes Aéreos, que desde hace más de 25 años utiliza el paraje donde se asienta el palacete para la práctica del parapente.

La demanda se basaba en que la familia de la ex concejal de Urbanismo y Obras en Zarautz, Maite Garrastazu (estuvo en el cargo la anterior legislatura), aprovechó un caserío en ruinas para ejecutar una nueva edificación en una ubicación diferente; la superficie se duplicó (567metros cuadrados frente a los 309 del antiguo caserío, y la a planta del palacete es 2,5 veces mayor: 469 metros cuadrados frente a 183) y se asienta en un área rural de especial protección y en un corredor ecológico, donde habita una pareja de halcones peregrino. El proyecto tenía un informe contrario del Ararteko que concluyó que, al tratarse de un suelo no urbanizable de especial protección, “solo cabe autorizar las obras de reconstrucción de caseríos existentes” en casos excepcionales y la ley de suelo “no permite el cambio de ubicación”.

Apenas un año después, en mayo de 2016, el juzgado de instrucción número 1 de Azpeitia decretó el archivo provisional del caso: no veía ni prevaricación ni delito contra la ordenación. Consideraba legal la licencia, aunque, en su auto, pasaba por encima los dos elementos claves del caso: el cambio de ubicación del casoplón de 11 baños y que se trate de una nueva edificación.

Pero el casoplón estaba investigado igualmente desde marzo de 2017 por el juzgado de instrucción número 2 de Azpeitia por irregularidades en las obras de urbanización: se acometieron sin licencia municipal  como reconoció el propio ayuntamiento de Aia. El consistorio abrió un expediente sancionador en el verano de 2016 y lo resolvió en febrero de 2017 de manera rocambolesca: sin practicar ninguna prueba convirtió el expediente sancionador en una orden de ejecución, en la que, incumpliendo la ley vasca de Suelo, calificó el tipo de sanción y cambió al instructor del expediente.

La titular del juzgado de instrucción número 2 de Azpeitia, María de Blas, en un auto dictado el 4 de diciembre de 2018, llegó a citar como imputados por indicios de delito en las obras de urbanización  al ex alcalde de Aia y ahora concejal en el municipio Igor Iturain (PNV), el arquitecto Gaizka Perosterena, el aparejador Mikel Iradi y dos miembros de la familia promotora del casoplón, Elisabeth Garrastazu y María Garrastazu. La toma de declaraciones de los cinco se había fijado para el 11 de marzo del pasado año.

Pero, debido a la inacción judicial, los plazos fijados expiraron y se anuló la toma de los testimonios. Con esa situación, el actual titular del juzgado de instrucción número 2 de Azpeitia  (el tercero que se ha encontrado con el caso tras la salida de la juez María de Blas y su sustituta Arantzazu Brizuela), Adrián Camara, archivó de forma provisional la denuncia,  en un auto dictado el pasado 28 de noviembre, con el argumento de que “no se ha practicado ninguna diligencia de investigación efectiva tendente al esclarecimiento de los hechos objeto de denuncia, a la identificación de las personas que en él hayan participado y el órgano competente para su enjuiciamiento”.

En la nueva demanda formulada en diciembre pasado, se pide la reapertura de esta investigación archivada, como se contempla en la legislación judicial, y la ampliación de las pesquisas, con la toma de declaración del alcalde y el técnico de Zarautz.

Otra anomalía más en un caso con importantes indicios de irregularidades (la construcción de un palacete de 11 habitaciones y 11 baños en una ubicación diferente al caserío existente y duplicando la superficie en una zona de especial protección, con la urbanización acometida sin licencia). Primero se archivó, no por la inexistencia de delitos, sino porque se ha pasado el plazo sin practicar ninguna diligencia por parte de una juez….en casi tres años. Y ahora aparece la licencia “fantasma” de primera ocupación, obligatoria para el permiso de acometida de agua, y de la que nada se ha sabido en estos últimos cinco años. Pero el Ayuntamiento de Zarautz ya tiene decidido aparcar el asunto. De nuevo, el interés privado por encima del general.