Casoplón de Aia (Gipuzkoa).

La Fiscalía de Gipuzkoa cambia de criterio y rechaza proseguir la investigación del casoplón de 11 baños

La Fiscalía de Gipuzkoa ha cambiado de criterio y ahora rechaza proseguir la investigación del polémico casoplón de Aia, (Gipuzkoa) de 11 habitaciones y 11 baños construido por la familia de una ex concejal del PNV de Zarautz que incumple la ley de Suelo. En un farragoso escrito, el fiscal responde con escasa claridad sobre la apertura de una nueva demanda, referida a la licencia concedida por el Ayuntamiento de Zarautz en 2015 para la acometida de agua del casoplón. Dicho permiso se tramitó sin contar con la licencia de primera ocupación, como obliga la ley vasca del Suelo, un documento que no ha aparecido en todos estos años: ni en el expediente urbanístico ni en la documentación judicial del caso. Un escrito “fantasma”, como ha publicado este blog, que ahora ha salido a la luz fechado en noviembre de 2017 por parte del Ayuntamiento de Aia, la localidad donde se ubica el casoplón.

Desde hace más de siete meses, un juzgado de Azpeitia tiene paralizada desde hace más de seis meses la apertura de una nueva investigación sobre esta polémica edificación, referida a la licencia de la acometida del agua. La Federación Guipuzcoana de los Deportes Aéreos (la entidad denunciante) considera que es ilegal y que implica al alcalde de Zarautz, Xabier Txurruka (PNV), y un técnico municipal de Urbanismo.

En esta nueva demanda, se pedía la reapertura de la investigación archivada por el juzgado de Azpeitia en noviembre pasado sobre la ejecución de las obras de urbanización sin permiso y por el que el juzgado llegó a imputar a cinco personas: el ex alcalde de Aia, dos técnicos y dos miembros de la familia promotora del casoplón. Pero, al expirar los plazos, la investigación se archivó sin practicar ninguna diligencia.

La denuncia sobre el permiso del agua se presentó el 13 de diciembre y la investigación debía haberse abierto de manera inmediata. Pero hasta un mes después, el titular del juzgado número 1 de Azpeitia, Adrián Cámara, no actuó y entonces pidió a la Fiscalía que emitiese su opinión sobre la nueva investigación. Llegó el 13 de marzo sin noticias y la paralización de la actividad judicial debido a la pandemia del coronavirus.

Ahora se ha conocido que el fiscal de Gipuzkoa, Tomás Calvete, elaboró un escrito, con fecha del pasado 19 de marzo, en el que señala que la demanda sobre el permiso de agua aborda un “diferente delito y personas también diferentes a las hasta ahora investigadas”.  Por ello considera que “no procede su acumulación” para reabrir la investigación de las obras de urbanización. El fiscal no comenta nada sobre si hay que investigar, en cualquier caso, el permiso de la acometida del agua.

Los demandantes afirman que el permiso del suministro de agua es ilegal por tratarse de un suelo no urbanizable “y no menciona ninguna de las exigencias propias de una actuación en un Suelo No Urbanizable de Especial Protección”. Pero, además, argumentan que carece de la preceptiva licencia de primera ocupación del palacete.

El propio ayuntamiento de Zarautz, en un informe de un técnico municipal fechado el 8 de junio de 2015, reconoce que es necesaria esa licencia, como establece el artículo 214 de la ley vasca del Suelo. Pero el consistorio otorgó el permiso del agua el 17 de agosto de 2015 sin dicha licencia de primera ocupación.

El escrito de rechazo del fiscal choca con el emitido por el mismo órgano en octubre pasado sobre la investigación de la urbanización del palacete. La entonces titular de la Fiscalía de Gipuzkoa, Marta Sánchez, en un escrito fechado el pasado 31 de octubre, pidió al juzgado de una interpretación “flexibilizadora” de la ley para “garantizar el ejercicio de la acción penal e impedir que el procedimiento penal pueda frustrarse indebidamente”. Pero no le hicieron caso y archivaron esa instrucción judicial.

El caso del casoplón de 11 baños es investigado desde hace más de cinco años en la vía penal (un tercer tribunal tiene abierta otra investigación en la vía contencioso-administrativa) por dos juzgados de Azpeitia. El juzgado número 1 abrió diligencias en 2015 por dos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio tras una denuncia de la Federación Guipuzcoana de los Deportes Aéreos, que desde hace más de 25 años utiliza el paraje donde se asienta el palacete para la práctica del parapente.

La demanda se basaba en que la familia de la ex concejal de Urbanismo y Obras en Zarautz, Maite Garrastazu (estuvo en el cargo la anterior legislatura), aprovechó un caserío en ruinas para ejecutar una nueva edificación en una ubicación diferente; la superficie se duplicó (567metros cuadrados frente a los 309 del antiguo caserío, y la a planta del palacete es 2,5 veces mayor: 469 metros cuadrados frente a 183) y se asienta en un área rural de especial protección y en un corredor ecológico, donde habita una pareja de halcones peregrino. El proyecto tenía un informe contrario del Ararteko que concluyó que, al tratarse de un suelo no urbanizable de especial protección, “solo cabe autorizar las obras de reconstrucción de caseríos existentes” en casos excepcionales y la ley de suelo “no permite el cambio de ubicación”.

Apenas un año después, en mayo de 2016, el juzgado de instrucción número 1 de Azpeitia decretó el archivo provisional del caso: no veía ni prevaricación ni delito contra la ordenación. Consideraba legal la licencia, aunque, en su auto, pasaba por encima los dos elementos claves del caso: el cambio de ubicación del casoplón de 11 baños y que se trate de una nueva edificación.

Pero el casoplón estaba investigado igualmente desde marzo de 2017 por el juzgado de instrucción número 2 de Azpeitia por irregularidades en las obras de urbanización: se acometieron sin licencia municipal  como reconoció el propio ayuntamiento de Aia. El consistorio abrió un expediente sancionador en el verano de 2016 y lo resolvió en febrero de 2017 de manera rocambolesca: sin practicar ninguna prueba convirtió el expediente sancionador en una orden de ejecución, en la que, incumpliendo la ley vasca de Suelo, calificó el tipo de sanción y cambió al instructor del expediente.

La titular del juzgado de instrucción número 2 de Azpeitia, María de Blas, en un auto dictado el 4 de diciembre de 2018, llegó a citar como imputados por indicios de delito en las obras de urbanización  al ex alcalde de Aia y ahora concejal en el municipio Igor Iturain (PNV), el arquitecto Gaizka Perosterena, el aparejador Mikel Iradi y dos miembros de la familia promotora del casoplón, Elisabeth Garrastazu y María Garrastazu. La toma de declaraciones de los cinco se había fijado para el 11 de marzo del pasado año.

Pero, debido a la inacción judicial, los plazos fijados expiraron y se anuló la toma de los testimonios. Con esa situación, el actual titular del juzgado de instrucción número 2 de Azpeitia  (el tercero que se ha encontrado con el caso tras la salida de la juez María de Blas y su sustituta Arantzazu Brizuela), Adrián Camara, archivó de forma provisional la denuncia, en un auto dictado el pasado 28 de noviembre, con el argumento de que “no se ha practicado ninguna diligencia de investigación efectiva tendente al esclarecimiento de los hechos objeto de denuncia, a la identificación de las personas que en él hayan participado y el órgano competente para su enjuiciamiento”.

Choca sobremanera que hayan pasado siete meses sin que un juzgado haya abierta la investigación de una nueva demanda sobre el casoplón de 11 baños de Aia (Gipuzkoa), un trámite que suele ser automático. Sorprende que la Fiscalía entienda que unas obras de urbanización y una acometida de agua a un edificio sean hechos diferentes y, con ello, rechace abrir la investigación. Y más cuando meses atrás pedía proseguir la instrucción judicial. Todo esto huele a escasos deseos de esclarecer lo que ha pasado con este palacete.

2 Comentarios
  • Androsace

    15 julio, 2020at8:37 am Responder

    En Euskadi se premia la docilidad de los fiscales. El fiscal de medio ambiente de Gipuzkoa Calparsoro no dio un palo al agua en décadas, no incomodó a nadie con poder. Lo nombraron Fiscal General.

    Ahí tampocó molestó; al contrario, miró los casos de corrupción como vaca que mira al tren pasar…

  • gorka lopategi

    15 julio, 2020at10:00 am Responder

    Para cuando una ley en la que jueces y fiscales tengan que pagar de su bolsillo las consecuencias de sus decisiones y chulerías.
    A estas personas en mi pueblo se les llama incompetentes y torpes porque hacen fatal su trabajo

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