La Justicia abre una investigación interna por el archivo, sin pesquisas en tres años, del  caso del casoplón de 11 baños

El juez decano de Azpeitia ha abierto una investigación por el archivo provisional, sin haberse practicado ninguna diligencia en casi tres años, de las pesquisas sobre las obras del casoplón de Aia, (Gipuzkoa) de 11 habitaciones y 11 baños construido por la familia de una ex concejal del PNV de  Zarautz que incumple la ley vasca del Suelo.  El decanato admite así la queja impuesta por la Federación Guipuzcoana de los Deportes Aéreos por la inacción del juzgado de instrucción número 2 de Azpeitia, que ha sobreseído el caso porque “no se ha practicado ninguna diligencia de investigación efectiva tendente al esclarecimiento de los hechos objeto de denuncia, a la identificación de las personas que en él hayan participado y el órgano competente para su enjuiciamiento”.

El juzgado no ha analizado si existen delitos o no, ni ha tenido en cuenta un informe de la Fiscalía de Gipuzkoa que pidió que siguiera la investigación. Ha asumido los planteamientos de la Audiencia de Gipuzkoa, que había argumentado que la investigación estaba concluida al haber finalizado el plazo. Un hecho debido a un flagrante error del juzgado y la Fiscalía que no pidieron la ampliación de las indagaciones.

Durante los casi tres años desde que se abriera la investigación,  el juzgado número 2 de Azpeitia no ha practicado casi ninguna diligencia: la única adoptada fue la toma de declaración de cinco imputados (entre ellos el ex alcalde de Aia), fijada para el pasado marzo y anulada por la Audiencia de Gipuzkoa por dictarse fuera de plazo.

El caso del casoplón es investigado desde hace cuatro años en la vía penal (un tercer tribunal tiene abierta otra investigación en la vía contencioso-administrativa) por dos juzgados de Azpeitia. El juzgado número 1 abrió diligencias en 2015 por dos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio tras una denuncia de la Federación Guipuzcoana de los Deportes Aéreos, que desde hace más de 25 años utiliza el paraje donde se asienta el palacete para la práctica del parapente.

La demanda se basaba en que la familia de la ex concejal de Urbanismo y Obras en Zarautz, Maite Garrastazu (estuvo en el cargo la anterior legislatura), aprovechó un caserío en ruinas para ejecutar una nueva edificación en una ubicación diferente (a más de 200 metros del lugar original); la superficie se duplicó (567metros cuadrados frente a los 309 del antiguo caserío, y la a planta del palacete es 2,5 veces mayor: 469 metros cuadrados frente a 183) y se asienta en un área rural de especial protección y en un corredor ecológico, donde habita una pareja de halcones peregrino. El proyecto tenía un informe contrario del Ararteko que concluyó que, al tratarse de un suelo no urbanizable de especial protección, “solo cabe autorizar las obras de reconstrucción de caseríos existentes” en casos excepcionales y la ley de suelo “no permite el cambio de ubicación”.

Apenas un año después, en mayo de 2016, el juzgado de instrucción número 1 de Azpeitia decretó el archivo provisional del caso: no veía ni prevaricación ni delito contra la ordenación. Consideraba legal la licencia aunque, en su auto, pasaba por encima los dos elementos claves del caso: el cambio de ubicación del casoplón y que se trate de una nueva ubicación.

Pero el casoplón estaba investigado igualmente desde marzo de 2017 por el juzgado de instrucción número 2 de Azpeitia por irregularidades en las obras de urbanización: se acometieron sin licencia municipal  como reconoció el propio ayuntamiento de Aia. El consistorio abrió un expediente sancionador en el verano de 2016 y lo resolvió en febrero de 2017 de manera rocambolesca: sin practicar ninguna prueba convirtió el expediente sancionador en una orden de ejecución, en la que, incumpliendo la ley vasca de Suelo, calificó el tipo de sanción y cambió al instructor del expediente.

Pese a que este juzgado quiso inhibirse del caso aduciendo que “se trataban de los mismos hechos” que la instrucción de la edificación del casoplón, recibió un fuerte tirón de orejas de la Fiscalía de Gipuzkoa, que rechazó esta argumentación en un escrito firmado el 4 de septiembre de 2018.

La titular del juzgado de instrucción número 2 de Azpeitia, María de Blas, decidió por vez primera intervenir activamente y, en un auto dictado el 4 de diciembre de 2018, citó como imputados por indicios de delito en las obras de urbanización  al ex alcalde de Aia y ahora concejal en el municipio Igor Iturain (PNV), el arquitecto Gaizka Perosterena, el aparejador Mikel Iradi y dos miembros de la familia promotora del casoplón, Elisabeth Garrastazu y María Garrastazu. La toma de declaraciones de los cinco se había fijado para el 11 de marzo.

Los afectados recurrieron exponiendo diversas objeciones, entre ellas que el plazo de la instrucción había finalizado dos meses antes, en septiembre de 2018. Los recursos pasaron a ser examinados por la Audiencia de Gipuzkoa (y el juzgado suspendió las declaraciones cuatro días antes de la fecha fijada), que el pasado 24 de septiembre dictó un auto en el que anula la toma de los testimonios.

La Audiencia guipuzcoana señaló que la jueza María de Blas podía haber solicitado la ampliación de la instrucción judicial en septiembre del pasado año, cuando concluía el plazo fijado. Pero no adoptó esta decisión hasta febrero pasado, con lo que se incumple el plazo legal previsto.

Ante ello agregó que la instrucción judicial terminó en septiembre de 2018 y, como la toma de declaraciones se acordó dos meses después (en el auto de diciembre de 2018), no se pueden realizar los testimonios de los cinco imputados.

La Fiscalía, en un escrito fechado el pasado 31 de octubre, rechazó esas argumentaciones de la Audiencia guipuzcoana y pidió una interpretación “flexibilizadora” de la ley para  que prosiguieran las diligencias.

Pero el juzgado número 2 de Azpeitia lo rechazó el pasado 28 de noviembre. El actual titular (el tercero que se ha encontrado con el caso tras la salida de la juez María de Blas y su sustituta Arantzazu Brizuela), Adrián Camara, lo fundamentó en la ausencia de diligencias y lanzaba una crítica a la juez que inició la investigación, María de Blas, al aludir a que la petición de toma de declaración de los cinco imputados se acordó “tardíamente”.

Estos hechos han motivado la presentación de una queja por “inacción judicial” por parte de la Federación Guipuzcoana de los Deportes Aéreos ante los propios juzgados de Azpeitia y el Consejo General del Poder Judicial, el máximo órgano de los jueces. La queja se presentó el 14 de octubre e incluye también las escasas pesquisas realizadas por el juzgado de instrucción número 1 de Azpeitia, que mantuvo en el cajón durante dos años un informe de la Ertzaintza que veía ilegalidades en casoplón. El juez decano de Azpeitia abrió la investigación ese mismo día 14 de octubre, según el escrito enviado. Pero esta decisión no se ha notificado hasta el pasado 5 de diciembre, casi dos meses después.

Ahora queda por ver la investigación interna de la Justicia en un caso con importantes indicios de irregularidades (la construcción de un palacete de 11 habitaciones y 11 baños en una ubicación diferente al caserío existente y duplicando la superficie en una zona de especial protección, con la urbanización acometida sin licencia) donde apenas se ha indagado nada por el escaso interés de los diferentes magistrados, dejando incluso en el cajón durante dos años informes contrarios al palacete de la propia Ertzaintza. Extraña que se haya notificado la investigación interna casi dos meses después de acordarla y justo unos días después del auto de archivo del juzgado de Azpeitia. Otro hecho poco entendible en este culebrón judicial.